NOTICIA DE INTERES

Afirman que INRENA devolvió madera ilegal a concesionarios del Yavarí
(CNR) Ex funcionarios del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), sede Iquitos, denunciaron que durante su gestión tuvieron que devolver miles de metros cúbicos de cedro y caoba, extraída de manera presuntamente ilegal por concesionarios de la zona del Yavarí, provincia de Ramón Castilla (Loreto). Escuche audio en el enlace.

Nota de Prensa

Congresistas y Sociedad Civil trabajan en
Nueva Ley Forestal para derogar y reemplazar DL 1090

Audiencia Pública promueve participación activa de indígenas y demás actores que evite conflictos sociales

No existe en el Perú un modelo de desarrollo forestal claro que permita orientar la normatividad de manera estratégica con visión de país, con enfoque ecosistémico y articulado al desarrollo sostenible, y para generarlo es necesaria la participación activa de todos los actores involucrados. Esta fue la conclusión principal de la Audiencia Pública para analizar el DL 1090 o Ley Forestal y discutir una nueva propuesta de ley con una amplia participación de los sectores afectados.

Además de los congresistas Róger Nájar, Elizabeth León Minaya, Hilaria Supa y Gloria Ramos, participaron como panelistas Hugo Che Piu de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Robert Guimaraes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Iván Lanegra del Gobierno Regional de Junín, Edgardo Lizárraga ex-Intendente Forestal del Inrena, Roly Baldoceda de la Universidad Nacional de Ucayali, José Álvarez del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), Decano de la FCF UNALM Ing. Milo Bozovich y el Intendente Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Inrena, Rafael Ramírez. El evento estuvo moderado por Sandro Chávez, del Colectivo Forestal, agrupación que reúne a representantes de la sociedad civil, expertos, ONGs y forestales.

Si bien el análisis reconoció algunos aportes importantes del DL 1090 – que fuera parte del paquete de decretos emitido por el Ejecutivo bajo el argumento de adaptar las regulaciones peruanas al TLC con Estados Unidos – los panelistas y el público coincidieron en que graves errores de fondo y de forma invalidan esta norma y por tanto debe ser derogada inmediatamente.

La única excepción fue la participación del Intendente Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Inrena, Rafael Ramírez, quien luego de agradecer los aportes de los participantes, defendió lo que considera las bondades del decreto. "En Inrena no somos un grupo de delincuentes. Sabemos que hay problemas de corrupción, pero estamos trabajando en ello," precisó.

Entre las críticas más duras al DL 1090, se resaltó su inconstitucionalidad por no haberse consultado con las comunidades indígenas tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT del cual el Perú es signatario. Además, los expertos explicaron que este decreto aumenta la permisividad para la comercialización de madera de origen controversial, institucionalizando la ilegalidad y todos los conflictos sociales que ello implica.

Se coincidió además en que este decreto no es un avance respecto de los compromisos asumidos por el Gobierno Peruano frente a la implementación del TLC y por el contrario lo pone en riesgo al retroceder respecto al proceso de descentralización en la gestión y control forestal y debilitar la autoridad forestal nacional.

La Congresista Elizabeth León Minaya presentó a debate público el proyecto de ley 2691 de Ley Forestal y de Fauna orientada al desarrollo sostenible del país, con base en las propuestas de diferentes sectores. "El proyecto busca garantizar la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos forestales y contribuir al desarrollo nacional sostenible, al proceso de reforma del estado, a la democratización, a la descentralización y a la participación ciudadana," explicó. Además, amplía la definición de recurso y patrimonio forestal a las tierras para producción y protección forestal – mientras que el DL sólo considera a las de protección – y define como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre al Ministerio del Ambiente – mientras el 1090 proponía en ese cargo al Ministerio de Agricultura.

El Congresista Róger Nájar, Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología – quien convocó a la Audiencia Pública – anunció que se realizará una ronda de audiencias públicas descentralizadas para seguir analizando la norma desde el interior del país y recoger todas las opiniones. "Si se aprueba el reglamento del DL 1090 y entra en vigencia, me temo que se producirán muchos conflictos sociales. Por eso yo le pediría a los representantes de Inrena aquí presentes que por favor no publiquen el reglamento hasta que tengamos una versión consensuada de la ley que no sea un embudo con la boca ancha para el inversionista extranjero y la boca angosta para las comunidades y los pobladores locales," expresó el congresista.

"Yo quiero preguntar al señor del Inrena por qué no llamaron a los Pueblos Indígenas para conversar," reclamó la congresista Hilaria Supa haciendo referencia a la falta de consulta del gobierno con las comunidades antes de dar una norma que los afecta, según manda el Convenio 169 de la OIT y que tiene rango constitucional. "Este decreto no sólo afecta a la selva y a los indígenas, sino a todo el país. Aquí sólo se discute la sostenibilidad económica, pero yo no veo en el decreto nada sobre la sostenibilidad social o cultural. ¿Dónde están los sabios que han hecho este decreto? Nuestros ancestros nos enseñaron a respetar la tierra, el agua y el aire. No puede ser que ahora por un TLC vamos a destruir todo," insistió.

La Congresista Gloria Ramos resaltó que el DL 1090 ignora totalmente a las comunidades indígenas y campesinas. "¿Qué queremos hacer con nuestras comunidades indígenas? ¿Eliminarlas o recluirlas en reservas para dedicar sus tierras a producir para exportar al primer mundo? No queremos seguir repitiendo la historia del caucho. No queremos que los indígenas sean peones, si no socios," declaró.


Con el ruego de su difusión

Lima, 17 de septiembre de 2008

Secretaría Técnica
Colectivo Forestal Perú
Vargas Machuca 408, Miraflores
Telf. 241 5140
Cel.992 065054
Email: foroecologicoperu@gmail.com

NOTA DE PRENSA

Autoridades y sociedad civil de Pasco unidos para frenar construcción de Vía Pichis que pretende cruzar el Bosque de Protección San Matías – San Carlos

Orden de detención para principal impulsor de carretera ilegal

Líderes indígenas, miembros de la sociedad civil y de los gobiernos locales, así como funcionarios de INRENA acordaron adoptar una estrategia conjunta para frenar la construcción ilegal de la Vía Pichis a través del Bosque de Protección San Matías-San Carlos (BPSMSC), a la que consideran actualmente como la mayor amenaza social y ambiental en la provincia, por poner en riesgo la dotación de agua, la estabilidad ecológica y los territorios indígenas en la cuenca del río Pichis (ver artículos de Alberto Chirif en Viajeros). Asimismo, enfatizaron la gravedad del caso, pues paralelamente a la construcción ilegal de la carretera, algunos grupos organizados en Pichanaki vienen promoviendo la invasión de tierras dentro del Bosque de Protección, aduciendo que éste ya no existe. (ver imagen satelital).

La decisión de adoptar una estrategia conjunta fue tomada en días pasados en la ciudad de Villa Rica (provincia de Oxapampa) en el marco de un taller preparatorio para la presentación oficial de la futura Reserva de Biosfera Oxapampa-Ashá ninka-Yánesha, en el que participaron autoridades de la provincia, dirigentes de federaciones indígenas, funcionarios de INRENA y miembros de la sociedad civil como la Asociación para la Conservación y Manejo de la Reserva Comunal Yanesha (AMARCY), ECOSIRA, Conservación Internacional, ProNaturaleza y el Instituto del Bien Común.

Los alcaldes de Puerto Bermúdez (Pasco) y Pichanaki (Junín), Nemesio Viriochi y Zozimo Huaman respectivamente, son los principales impulsores de esta carretera que pretende unir ambas localidades cruzando el Bosque de Protección San Matías-San Carlos. Es importante resaltar que la construcción de la carretera Vía Pichis no cuenta con estudios de impacto ambiental ni los permisos respectivos del INRENA ni del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre todo al cruzar un área natural protegida a nivel nacional como es el BPSMSC. Para evadir la necesidad de realizar los estudios técnicos necesarios se viene haciendo pasar esta obra de impacto regional como una serie de carreteras vecinales aprovechando el dinero que reciben por el canon minero.

Gracias a una ardua campaña de la sociedad civil se ha logrado exponer la ilegalidad de la construcción de la carretera Vía Pichis y sensibilizar a las poblaciones de Oxapampa y Puerto Bermúdez sobre las repercusiones negativas de la construcción de esta carretera. La Comisión de Pueblos Indígenas, Andinos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú y el nuevo Ministerio del Ambiente, han sido claves en apoyar las gestiones para detener la construcción de la carretera ilegal desde el lado de Puerto Bermúdez.

Estas acciones han conducido al mandato de detención dictado por la Fiscalía de Oxapampa contra el actual alcalde de Puerto Bermúdez, Nemesio Viriochi, por delitos de colusión desleal, omisión a la denuncia, incumplimiento de deberes y cobros indebidos, relativos a compra de maquinaria pesada para la construcción de la carretera y valorada en 13 millones de soles. Sin embargo, está vigente la amenaza en el extremo sur de la carretera, es decir en Pichanaki, donde se está promoviendo la invasión de tierras dentro del Bosque, aduciendo que éste ya no existe en tanto que en la actualidad es un área protegida a nivel nacional.

Un problema latente es la falta de recursos, ya que no existe ni personal ni presupuesto asignado para el Bosque de Protección, lo que ha dado lugar a que muchos en Pichanaki y Puerto Bermúdez no hayan reconocido la existencia del Bosque de Protección, justificando así la construcción de la Vía Pichis y su invasión por inmigrantes y madereros ilegales. Ante este tipo de presiones, INRENA está iniciando un diagnóstico del área como requisito para trabajar el plan maestro del Bosque de Protección. Entre los compromisos tomados en Villa Rica por el equipo está la de apoyar el diagnóstico y el plan maestro del BPSMSC. Sin embargo se considera fundamental solicitar al Ministerio del Ambiente que se le asigne presupuesto a un jefe del área.

La Asociación de Nacionalidades Ashaninkas del río Pichis (ANAP), los alcaldes de Oxapampa y Villa Rica y miembros de la subgerencia de Pasco en Oxapampa, lideran las gestiones para promover la alternativa a la construcción de la Vía Pichis , principalmente el mejoramiento, y potencialmente, el asfaltado, de la ruta existente entre Villa Rica y Puerto Bermúdez, que comunica el valle del Pichis con la ciudad de La Merced , en la selva central, y con la ciudad de Pucallpa, hacia el norte, sin necesidad de construir carreteras nuevas que comprometen las cabeceras de la cuenca del valle del rio Pichis.

La comisión ha conseguido una reunión con la Ministra de Transportes el día 11 de este mes para negociar la priorización del mejoramiento de la carretera existente y enterrar de una vez la propuesta de una carretera nueva que compromete la estabilidad de la cuenca por el lado del BPSMSC. Si bien el equipo conformado por los actores locales comprometidos con un desarrollo sostenible en la provincia y reunidos en torno a la propuesta de una reserva de biosfera en la provincia, celebró estas buenas noticias, la amenaza desde Pichanaki, desde donde provienen los principales problemas como son el empuje de traficantes de tierras y madereros ilegales, se mantiene vigente.

Oxapampa 9 de Setiembre 2008

Percy Summers
Instituto del Bien Común

Congreso de la República

NOTA DE PRENSA

Audiencia Pública Forestal analizará los Impactos del Decreto Legislativo 1090

El Congreso de la República del Perú, mediante la Comisión de pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, esta organizando para el 16 de Septiembre de 3 a 6.30 pm una Audiencia Pública Forestal que contará con la participación de la Sociedad Civil, Gobiernos Regional, Instituciones Públicas, representantes de las comunidades nativas y campesinas y representantes del sector empresarial con el objeto de evaluar la consistencia del DL 1090 en función al desarrollo sostenible de la Amazonía.

Existe una serie de observaciones sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Decreto Legislativo 1090 relacionados al cambio de uso de tierras forestales con fines de privatización, debilitamiento de la Autot¡ridad Forestal Nacional, permisividad para la comecialización de madera de origen controversial, eliminación de la participación de la sociedad civil, entre otras. Esto viene provocando reacciones de protesta de los actores involucrados que demandan la inmediata derogatoria del DL 1090 que afectarían la conservación y el aprovechamiento sostenible de los boques.

La Audiencia Pública Forestal pretende recoger los aportes de los actores involucrados para delinear los fundamentos escenciales de una política forestal y los componentes centrales de una norma forestal inclusiva qure haga mas competitivo al sector forestal con una redistribucion aquitativa de sus beneficios y sea una herramienta estrategica para la mitigacion de los efectos del cambio climatico.

Congresista Roger Najar
PRESIDENTE
Comisión de pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

AUDIENCIA PÚBLICA FORESTAL

Martes 16 de Septiembre de 2008
Congreso de la República

Nota de Prensa
DL 1090 amenaza integridad de los bosques del Perú

Representantes del Congreso y sociedad civil coinciden en duras críticas y demandan derogación del DL 1090
DL 1090 será analizado en Audiencia Pública que evaluará propuesta alternativa

El Decreto Legislativo 1090 – la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – es dañino para el país porque promueve el cambio de uso de parte importante del patrimonio forestal al régimen agrario, se opone al TLC y es inconstitucional, coincidieron en señalar congresistas de la República, el Colectivo Forestal, el Capítulo Forestal Departamental Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria la Molina y el Gobierno Regional de Junín.

El Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (CAAAAEC), Congresista Roger Nájar, anunció que su Comisión auspiciará una Audiencia Pública Forestal para evaluar la consistencia del DL 1090 en función al desarrollo sostenible del país, a realizarse el 16 de setiembre en el Congreso de la República. Explicó que ello responde a la preocupación expresada por diferentes sectores de la sociedad civil entre las que mencionó al Colectivo Forestal, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria la Molina, la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional del Centro del Perú, el Capítulo Forestal Departamental Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y los Obispos Amazónicos, quienes cuestionan la legitimidad y el modelo que se pretende implementar con este decreto. Afirmó que “el DL 1090 es una forma encubierta de aprobar la Ley de la Selva que ya el Congreso había rechazado.”

La Congresista Yaneth Cajahuanca, por su parte, sostuvo que el Congreso de la República se está poniendo a la vanguardia en este tema para evitar futuros conflictos sociales. Declaró que el DL 1090 es un atentando contra las comunidades y el patrimonio forestal y explicó que este no es un tema de los congresistas exclusivamente sino que han recogido opiniones de diversas organizaciones de base. Manifestó que “todos estamos de acuerdo con la inversión privada pero regulada, no desmedida como quiere el Ejecutivo.”

Sandro Chávez del Colectivo Forestal mencionó que se ha presentado una acción de queja ante la Defensoría del Pueblo y que el Colegio de Ingenieros del Perú presentará en los próximos días una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Denunció que los actores del sector forestal han sido excluidos del proceso de elaboración de la norma, que además pone en riesgo que el TLC entre en vigencia al alejarse de los compromisos asumidos por el Gobierno en la Adenda Forestal. “El Congreso tiene la posibilidad de enmendarle la plana al Ejecutivo, bien haría el Ejecutivo en escuchar estas voces” dijo refiriéndose a la participación ciudadana que se expresará en la audiencia pública del 16 de setiembre. Así mismo, a raíz de la declaración de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, respecto de la participación del Ejecutivo norteamericano en la elaboración de los decretos legislativos, Chávez se preguntó si es que el Congreso norteamericano estará al tanto de los peligros que implica el DL 1090 para la sostenibilidad de los bosques peruanos.

Carlos Rincón, Presidente del Capítulo Forestal del CIP informó que en un evento realizado al interior del Colegio de Ingenieros para analizar el DL 1090 se concluyó que la norma es inconstitucional, atenta contra el Patrimonio Forestal, genera falta de transparencia en el acceso al bosque y elimina la participación de los actores de la sociedad civil en la gobernabilidad del sector forestal en el país.

Iván Lanegra, Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente del Gobierno Regional de Junín criticó que las competencias de estas normas se centren a nivel de la autoridad forestal nacional y exclusivamente en el Ministerio de Agricultura dejando de lado a la sociedad civil, a los demás sectores del Estado y a los Gobiernos Regionales, contradiciendo las competencias atribuidas a los Gobiernos Regionales en su Ley Orgánica. “Una norma como ésta requería participación y diálogo por lo que derogarla es una salida para construir una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre que beneficie a todos los peruanos y no sólo a un sector”, afirmó.

Carlos Llerena, representante de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, explicó que la crítica central de su institución se enfoca en el Artículo 2 del DL 1090 que cercena una parte fundamental del recurso forestal, al dejar fuera de esta definición a las plantaciones y a las tierras cuya capacidad de uso mayor es de producción forestal. “Esto nos coloca como país de otro planeta, pues el resto del mundo tiene esta definición clara” afirmó. La preocupación es que esta omisión puede generar la deforestación de extensas superficies boscosas para dedicarlas a otros fines. Agregó que ésta es una preocupación compartida por la Coordinadora de Facultades Forestales del Perú.

Para concluir el Congresista Nájar anunció que actualmente en el Congreso existe un proyecto de Ley para la derogatoria del DL 1090, otro proyecto de Ley para modificarlo y que su Comisión está preparando un proyecto de Ley alternativo a la mencionada norma. Esta preocupación común de diversos sectores hace necesario un amplio debate de actores públicos y privados, reafirmó.

Ampliación de información:
Róger Nájar: 311-7777 / 447-3739
Yaneth Cajahuanca: 311-7777
Sandro Chávez: 992-065-054
Carlos Rincón: 996-506-816
Iván Lanegra: 998-708-129
Carlos Llerena: 349-5647 anexo 233

REGLAMENTAR LA NUEVA LEY FORESTAL SERÍA LEGITIMAR UNA LEY INCORRECTA

COMUNICADO DE PRENSA
CEDIA-CP-24-20080909

Se debe derogar el Decreto Legislativo 1090
Reglamentar el Decreto Legislativo 1090 o nueva Ley Forestal sería legitimar una Ley Forestal incorrecta, opina el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA). Dicha norma debe ser derogada, NO reglamentada y conservar la todavía vigente Ley 27308 – antigua Ley Forestal y de Fauna Silvestre, para luego proponer una nueva Ley, de manera participativa y consultada, con mayor calidad técnica.

Las razones del CEDIA son las siguientes:
El D. Leg. 1090 ha servido para imponer la llamada “Ley de la Selva”, Proyecto de Ley Nº 840 presentado por el Ejecutivo y estancado en el Congreso desde finales de diciembre 2006 debido a la controversia suscitada.

El proceso de elaboración no ha contado con la participación de los actores involucrados en el tema forestal, ni siquiera la del Instituto Nacional de Recursos Forestales, lo cual lo deslegitimiza y se opone al compromiso de aumentar la participación de la sociedad civil y mejorar la transparencia en la toma de decisiones relativas al manejo de los recursos forestales, asumido por Perú en el TLC con EEUU.

Al dejar de lado los mecanismos de consulta y participación, hemos retrocedido en los esfuerzos por construir un régimen forestal democrático que garantice el aprovechamiento sostenible de los bosques en beneficio de todos los peruanos y peruanas.

Al haber sido excluidas las tierras forestales de producción del concepto de recurso forestal e incluidas en el régimen agrario (D. Leg. 1064), el Patrimonio Forestal Nacional ha sufrido un cambio radical y lo más probable es que se avecine un fuerte proceso de deforestación y de cambio de uso de la tierra, de forestal a agropecuario.

La institucionalidad forestal es incierta y no ha sido bien definida. Mientras que la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA se convierte en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Intendencia de Recursos Hídricos se constituye en la Autoridad Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y Cuencas, ambas con categoría de Organismo Público, es decir, con autonomía técnica y administrativa, todavía no se encuentra la “fórmula de conversión” para la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre; lo único que está claro es que pasaría al Ministerio de Agricultura, tal vez como una Dirección. El potencial forestal peruano amerita de lejos la creación de un Ministerio Forestal, lo cual por ahora es todavía una ilusión; pero por lo menos debería existir una Autoridad Nacional Forestal con el mismo rango que las ex Intendencias de ANP y de Recursos Hídricos, es decir, de Organismo Público también con autonomía técnica y administrativa.

Al desaparecer el Consejo Consultivo de Política Forestal (CONAFOR), estamos perdiendo la posibilidad de contar con una instancia para construir y consensuar políticas forestales al más alto nivel con la participación de instituciones públicas y privadas, comunidades, gremios y otros.

La inclusión de la “iniciativa privada” como nueva modalidad de acceso al aprovechamiento forestal, sujetando las condiciones de su implementación a la reglamentación de la ley, puede convertirse en un serio riesgo para el ordenamiento forestal y el modelo de concesiones forestales, pues al no sujetarse a los mismos mecanismos de transparencia para las concesiones forestales, introduce el factor de discrecionalidad de los funcionarios, tantas veces cuestionada y asociada con prácticas de corrupción.

Las otras normas contempladas en el paquete legislativo publicado el 28 de junio 2008 manifiestan un espíritu claro para favorecer a la inversión privada, con un sesgo marcado hacia la promoción de grandes plantaciones de biocombustibles, sin tomar en cuenta las necesarias consideraciones ambientales y sociales.

La nueva Ley Forestal permite la adquisición de productos y subproductos que deriven de la comisión de infracciones; esto contradice el requisito de acreditación de procedencia legal previsto en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y no ayuda a la lucha contra la tala ilegal de madera.

Al no mencionar o reconocer las competencias y funciones asignadas a los gobiernos regionales, la nueva ley debilita, o por lo menos no apoya, el proceso ya iniciado de descentralización forestal.
CEDIA

COMUNICADO DE LOS OBISPOS DE LA SELVA PERUANA

Los Obispos de los Vicariatos Apostólicos de la Selva nos hemos reunido en la ciudad de Lima, el día 27 de agosto de 2008 para reflexionar sobre la situación de los pueblos indígenas de nuestra Amazonía, y el impacto de los Decretos Legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo, en relación con dichos pueblos y sus territorios ancestrales.

Observamos que en los territorios de la sociedad panamazónica -pluricultural, pluriétnica y plurirreligiosa- se está intensificando la lucha por la ocupación del territorio, el uso indiscriminado de los recursos naturales y de la biodiversidad; y creemos que esta situación pone en grave riesgo la vida de millones de personas y el hábitat de los campesinos e indígenas.

Recalcamos la importancia de promover espacios de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas con el que se pueda fortalecer la vigencia de sus derechos, especialmente el derecho al territorio y la democracia inclusiva en el país, acordes con los Convenios y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado peruano.

Saludamos al Congreso de la República por haber atendido los justos reclamos de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que a ellos se refieren, para que esto se haga desde sus identidades culturales y como ciudadanos peruanos. Esperamos que este hecho significativo promueva un proceso de diálogo y una cultura de paz, hacia la búsqueda de un desarrollo con rostro humano y respeto de la dignidad humana, en concordancia con "las necesidades sentidas de estos pueblos y que conduzcan hacia un desarrollo sostenible" (Aparecida No. 403)

La Iglesia Católica acompaña a los pueblos indígenas -población más antigua del Continente- y nosotros, sus Obispos, con tantos otros que los conocen y los aman, somos testigos de que están abiertos a la modernidad y al desarrollo. Esto significa para ellos mejorar su calidad de vida, tener acceso a una educación intercultural bilingüe de calidad y también a servicios de salud igualmente intercultural. Significa así mismo fortalecer sus identidades culturales, el respeto pleno de sus derechos individuales y colectivos, y su participación en su propio desarrollo y en el desarrollo nacional. Para el país significa replantearse una visión distinta de los pueblos indígenas que supere las relaciones de discriminación y exclusión.

En el Encuentro de Pastoral Indígena de febrero del 2008, los Obispos de la Selva y los agentes de pastoral que entonces estuvimos reunidos, habíamos manifestado nuestra preocupación por los procesos de inversión privada en esas tierras y por los modos de realizarse. Pedíamos al Estado promover la participación efectiva de los propios interesados en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo del país. Advertíamos de que, en caso contrario, se vería amenazada la supervivencia física y sociocultural de los pueblos indígenas y se podrían incrementar los conflictos socioambientales en la Amazonía. En este sentido queremos remarcar algunas de las recomendaciones que señala el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) (1) en su documento de análisis de los decretos legislativos emitidos por el poder ejecutivo en virtud a la Ley N° 29157.

• Reconocer la relación de los pueblos indígenas con su territorio como base fundamental de su existencia como individuos y pueblos. Para lo cual el Estado debe brindar seguridad jurídica a los territorios.
• Revisar la constitucionalidad de los decretos legislativos Nos. 1015.1073, 1064, 1079,1081, 1089 y 1090.
• Implementar mecanismos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, según el Convenio 169 OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.
• Establecer políticas coherentes de saneamiento legal de territorios y políticas de ordenamiento territorial, acordes al Convenio 169/de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.

Creemos que el desarrollo del país no sólo debe estar basado en indicadores económicos, sino que debe responder también a indicadores sociales y culturales. El documento de los Obispos latinoamericanos y del Caribe reunidos en Aparecida, señala: "Buscar un desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes….Por tanto, alentar a nuestros campesinos y nativos a que se organicen de tal manera que puedan lograr sus justos reclamos" (No. 474).

Por todo ello, pedimos al Estado peruano y a los pueblos indígenas y comunidades, adoptar, fomentar y mantener una sincera actitud de diálogo y concertación, en cumplimiento de las normas internacionales, para definir y promover un desarrollo inclusivo que tenga en cuenta la pluralidad cultural y social. Esto supone el reconocimiento de los aportes de los pueblos indígenas al desarrollo nacional.

Mons. Gerardo Antón Zerdin, OFM. Obispo Vicario Apostólico de San Ramón;
Mons. Juan Luis Martín Bisson, PME. Obispo Vicario Apostólico de Pucallpa;
Mons. Gaetano Galbusera, SDB. Obispo Coadjutor del Vicariato Apostólico de Pucallpa;
Mons. Alberto Campos Hernández, OFM Obispo Vicario Apostólico de San José del Amazonas;
Mons. Santiago García de la Rasilla Domínguez, SJ. Obispo Vicario Apostólico de Jaén;
Mons. Francisco González Hernández, OP. Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado;
Mons. José Luis Astigarraga Lizarralde, CP. Obispo Vicario Apostólico de Yurimaguas

(1) Documento de fecha 18 de agosto de 2008.

COMENTARIOS LEGALES AL DECRETO LEGISLATIVO Nº1090 QUE APRUEBA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Acceda al Informe completo

El 28 de junio fue publicado el Decreto Legislativo N° 1090, sin haberse respetado los principios de transparencia, participación y concertación, recogidos por la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Ley General del Ambiente y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Dicho decreto forma parte del paquete de los 99 decretos legislativos dados por el Poder Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades. Muchos de estos decretos se enmarcan dentro de los lineamientos políticos expresados por el Presidente de la República en sus artículos sobre el perro del hortelano.

El presente informe preparado por Hugo Che Piu, Director ejecutivo de DAR, aporta elementos significativos para determinar los alcances, efectos y consecuencias del Decreto Legislativo Nº1090, y sobre dicha evaluación proponer las medidas más convenientes al respecto desde la perspectiva legal.