Demandan derogar decreto que afecta a bosques

En audiencia pública, autoridades de Loreto, Ucayali y Amazonas rechazaron DL 1090. Expertos advirtieron que la norma desprotege 45 millones de has. de bosque y atenta contra la descentralización.

"Cualquier norma debe elaborarse considerando el ser humano. De lo contrario ésta va a colapsar con la realidad", sentenció el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, en rechazo al decreto legislativo 1090 que pondría en peligro al 60% de los bosques primarios del país.

Junto a él, los vicepresidentes regionales de Ucayali, Ludgardo Gutiérrez, y de Amazonas, Julio Daniel Sagástegui, ante más de 700 personas reunidas en una audiencia pública en Iquitos para analizar las implicancias del decreto, pidieron al Congreso impulsar la derogatoria de la polémica norma.

Las autoridades de las tres regiones de la Amazonía aseguraron que se trataba de una norma impuesta por el gobierno central que no incorporó opiniones de nativos y mestizos dueños de las tierras que serían perjudicadas con dicho decreto que reemplazó la ley forestal y de fauna silvestre y fue aprobado por el Ejecutivo contra el reloj para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

"La norma debe derogarse para proponer una nueva alternativa que recoja sin apuros la verdadera posición de la sociedad", insistió Vásquez frente a los participantes reunidos en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

A Descentralizar
En la misma línea, Gutiérrez dijo que el Decreto Supremo 1090 confirma que "el gobierno aprista cierra las puertas a la descentralización", debido a que les quita funciones a las autoridades del interior del país en el tema forestal al colocar toda la responsabilidad al respecto en manos del Organismo Fiscalizador de las Concesiones Forestales.

"Pedimos al Presidente de la República que gobierne de manera transectorial con sus ministros y los gobiernos regionales", agregó.

Para fijar una posición oficial, las autoridades que integran el Consejo Interregional Amazónico (CIAN) emitirán un comunicado esta semana con las conclusiones de la audiencia, el mismo que será enviado al presidente Alan García, al premier Yehude Simon y al titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, aseguró a este diario Iván Vasquez.

Formalizar productores
La congresista Elizabeth León señaló que el proyecto de ley 2691 que promueve desde su bancada el Bloque Popular, que también integra Róger Nájar, busca reemplazar el decreto 1090 garantizando la sostenibilidad del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y el rol promotor del Estado. Para ello plantea formalizar a los pequeños productores, restituye el Conafor, los comités de gestión del bosque, dar seguridad al patrimonio forestal y promueve la consulta previa a las comunidades.

ALERTA INFORMATIVA REDGE

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Implementación de compromisos forestales iría en contra del propio TLC. DL N°1090
Implementación del TLC ponen en riesgo los bosques amazónicos

Para la implementación del TLC, el Gobierno peruano ha dado varios Decretos Legislativos que permiten el cambio de uso de las tierras forestales, debilitando aún más las ya frágiles normas peruanas.

Los Decretos Legislativos 1090 y 1064 son los más peligrosos pues juntos permiten que un bosque deforestado se convierta en "tierra agraria"o "tierra eriaza"y se pueda utilizar para otras actividades que no sean forestales.

En el marco de la implementación del TLC, el Gobierno peruano ha aprobado varios decretos legislativos que ponen en riesgo los bosques amazónicos. Estos decretos han sido aprobados sin ninguna consulta y sin ningún medio de participación. Entre ellos especialmente la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (D.L. Nº 1090), que debe reemplazar a la Ley Forestal del año 2000, que fuera producto de un largo proceso de debate y consenso. De esta manera el Gobierno peruano contraviene uno de los compromisos del Anexo Forestal del TLC: "Aumentar la participación del público y mejorar la transparencia en la toma de decisiones relativas a la planificación y manejo de los recursos forestales". Incluso los propios funcionarios del INRENA (actual autoridad nacional forestal) se vieron sorprendidos al enterarse que el contenido del Decreto en cuestión se alejaba a la propuesta de modificación que ellos habían sugerido como autoridad técnica.

Los Decretos Legislativos permiten el cambio de uso de las tierras forestales
Un grupo de estos decretos legislativos permite, de manera indirecta, que las tierras de capacidad de uso forestal deforestadas puedan ser consideradas tierras eriazas y, por lo tanto, entregadas para usos agropecuarios. Con el Decreto Legislativo Nº 1090 se excluyen las tierras de capacidad de uso forestal de los conceptos de recurso forestal y patrimonio nacional forestal; por lo tanto pasan a ser consideradas como cualquier otra tierra de uso agrario, regidas por el Decreto Legislativo Nº 1064.

El Decreto Legislativo Nº 1064 sólo protege el uso forestal de aquellas tierras con cobertura vegetal y permite que las tierras de capacidad de uso forestal deforestadas puedan ser consideradas eriazas. Al recibir el tratamiento de tierras eriazas se les aplica el Decreto Legislativo Nº 994 y por lo tanto se promueve su titulación para fines agropecuarios. Finalmente, el Decreto Legislativo Nº 1089 establece un régimen extraordinario y temporal de formalización de la propiedad rural siempre que se demuestren actividades agropecuarias.

Esta propuesta legal pretende poner en venta tierras forestales que sólo podrían ser compradas por grandes inversionistas, pero es obvio que hay intereses que empujan una norma que afectaría a más de la mitad de nuestro territorio.
De esta manera, el Gobierno pretende promover inversiones en las tierras de capacidad de uso forestal deforestadas. Visto así el bosque se convierte en el impedimento entre los inversionistas y la propiedad de la tierra.

Muchos decretos, muchos problemas
Varios de los artículos de la nueva Ley atentan contra las competencias y funciones que, en el marco de la Constitución y las Leyes Orgánicas, se han asignado a los Gobiernos Regionales, es decir, la nueva ley forestal y otros decretos legislativos no toman en cuenta normas de mayor rango y asignan las funciones que les corresponden a las autoridades regionales al Ministerio de Agricultura y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. De esta manera, se afecta el proceso de descentralización y transferencia de funciones que el Perú viene implementando hace varios años porque es una de las demandas más anheladas de su población. Además, se pierde la oportunidad para fortalecer a la autoridad más cercana a los bosques, privilegiando el centralismo.

Por otro lado los decretos legislativos no han recogido el pedido de elevar el nivel político de la autoridad forestal, este pedido es uno de los pocos temas en que había consenso entre los empresarios, los ambientalistas, las organizaciones indígenas y los académicos del sector forestal peruano. Además este pedido concuerda perfectamente con los compromisos asumidos en el Anexo Forestal del TLC, el de fortalecer la capacidad institucional para el cumplimiento de la Ley Forestal y el comercio internacional de productos forestales. Sin embargo los nuevos decretos legislativos, especialmente el 997, el 1013 y el 1090, no sólo no atienden este pedido, sino que tampoco dejan claro cuál va ser el nivel político que se le va asignar, dejando únicamente clara la ausencia del Vice-Ministerio Forestal.

Además, los decretos legislativos que tenían como objetivo implementar el TLC no han cumplido con uno de los compromisos más claros en materia forestal: la modificación del artículo 310º del Código Penal así como elevar las penas contra la tala ilegal. La excusa ha sido que no se había delegado expresamente la facultad para modificar el Código Penal, a pesar que dicha norma también se ha aprobado por un decreto legislativo, la existencia de un compromiso expreso en el TLC, y que con otro decreto legislativo (D.L. Nº 1084) sí se ha modificado el código penal en temas de pesca, tema sobre el cual no hay ningún compromiso expreso dentro del TLC.
¿Por qué el Gobierno peruano comete estos errores en contra de sus propios intereses e incluso del TLC, que le ha costado tanto trabajo conseguir?

Una explicación es la actitud autosuficiente y autoritaria del Gobierno para conducir el proceso de elaboración de los Decretos Legislativos. No han consultado ni contrastado sus planteamientos, y además consideran que cualquier oposición es ilegítima o retrograda. Esta actitud ha tenido un resultado tan desastroso en el tema forestal que debería llamarlos a una reflexión y a la corrección de los serios errores cometidos, a fin que retomar el rumbo hacia una adecuada implementación del TLC.

Sabías qué:
. El D.L. N°1090- Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre incentiva la deforestación de los bosques amazónicos.
. En el Perú más del 50% de nuestro territorio es bosques y la deforestación es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero, causante del cambio climático.
. La implementación TLC- Bosques va en contra de las competencias y funciones de Gobiernos regionales, afectando el proceso de Descentralización.
. El DL no mejora las sanciones por tala ilegal a pesar de ser un compromiso en el TLC

Red Peruana por una Globalización con Equidad – Red GE
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Política
Pedirán derogar DL 1090 en audiencia
Auotridades locales y dirigentes indígenas se reunen hoy en Iquitos.Decreto aprobado para el TLC pone en riesgo los bosques. Congresista Nájar plantea derogarlo.

Milagros Salazar.

Demanda. Las comunidades indígenas se pronunciarán hoy en la audiencia organizada por la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso y el gobierno regional de Loreto.
El epicentro del debate será la ciudad de Iquitos. Ahí, en el corazón de la Amazonía, las autoridades del gobierno regional, congresistas, dirigentes indígenas y expertos se reúnen hoy desde las 8 de la mañana en una audiencia pública para exponer su rechazo al decreto legislativo 1090, que reemplaza a la ley forestal y de fauna silvestre colocando en riesgo el 60% de los bosques primarios, según Foro Ecológico.

En el encuentro se buscará recoger principalmente las opiniones de la población afectada con el propósito de mejorar el proyecto de ley 2691, que plantea derogar el polémico decreto promulgado por el Ejecutivo en el marco del Tratado de Libre Comercio.

PROYECTO EN CARRERA
"Estamos en proceso de consulta con la sociedad civil para analizar las consecuencias del decreto 1090 e impulsar una propuesta alternativa que no afecte a las comunidades", informó el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Roger Nájar.

El parlamentario, quien coordina con el gobierno regional de Loreto la realización de la audiencia, dijo que el Bloque Popular –bancada a la cual pertenece– presentó el proyecto legislativo 2691, que plantea una nueva ley forestal y de fauna silvestre.

Lo que sigue, dijo el parlamentario, es la elaboración de un predictamen en la comisión que encabeza para someterlo a votación, y luego conseguir la derogatoria del DL 1090 en el pleno del Legislativo.

AIDESEP PARTICIAPARÁ
Roger Nájar informó que el presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pisango, confirmó su participación en la audiencia, al igual que los representantes del Frente Patriótico de Loreto.

En Aidesep informaron que la dirigencia indígena no solo planteará la derogatoria del 1090, sino también de otros decretos, como el 1064 y 994, que están relacionados con la venta de tierras forestales y los derechos de pueblos originarios.

DATOS
Ponentes. Entre los expositores figuran el jefe de Inrena, José Luis Camino Ivanezevich; José Luis Capella, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; el presidente de Foro Ecológico, Sandro Chávez, entre otros.

Diversos. Junto a los congresistas de la región Loreto, participarán el presidente regional Iván Vásquez, dirigentes de Aidesep y de comunidades locales.

PORTAL DEL CONGRESO

Presidente de Comisión de Amazonía Róger Nájar asistirá a reunión
PARLAMENTARIOS PRESIDENTES REGIONALES ALCALDES Y SOCIEDAD CIVIL ANALIZAN D.L. 1090 EN IQUITOS
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares3/9c7cef909b912509052574ef00734670/?OpenDocument

Con la presencia de congresistas de diferentes bancadas, presidentes regionales, alcaldes y representantes de la sociedad civil, así como de las comunidades nativas y campesinas, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que preside el parlamentario Róger Nájar Kokally, y el Gobierno Regional de Loreto, que encabeza Yván Vásquez Valera, realizarán mañana martes una audiencia pública en Iquitos con la finalidad de analizar el Decreto Legislativo Nº 1090 que reemplazó a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y que incentiva la deforestación de los bosques amazónicos.

El evento se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad de la Amazonía Peruana, en la ciudad de Iquitos, a partir de las 9 de la mañana y contará con la participación de los congresistas Róger Nájar Kokally, Elizabeth León Minaya, José Vargas Fernández, Víctor Isla Rojas, Jorge Foinquinos Mera, Eduardo Peláez Bardales, entre otros parlamentarios de la Amazonía.

En la reunión se analizará el decreto en cuestión, así como sus leyes alternativas propuestas al Congreso de la República, de manera participativa y consultada, con calidad técnica y visión acorde con la realidad regional que unifiquen criterios y acuerdos.

Entre los expositores figuran Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); José Camino Yvanisevich, jefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA); José Luis Capella, director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; Nélida Barbagelata, decana del Colegio de Ingenieros de Loreto; Luis Campos Baca, presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Carlos Cornejo Arana, del Grupo Regional de Manejo de Bosques; Sandro Chávez Vásquez, presidente del Foro Ecológico, Haler Díaz Manama, presidente de las Comunidades Campesinas, entre otros

Reportajes
TLC abre ventana ambiental en Perú
Por Milagros Salazar(*)

Ecologistas esperan que Perú revise normas ambientales polémicas que contravienen compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

LIMA, 27 oct (Tierramérica).- El decreto legislativo 1.090, que modifica la política forestal de Perú, preocupa a las autoridades comerciales de Estados Unidos pues contraviene cláusulas ambientales del Tratado de Libre Comercio (TLC) que debería regir entre los dos países desde enero de 2009.

El decreto, que modificó en junio la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, dejó fuera del sistema de protección del Patrimonio Forestal 45 millones de hectáreas de tierras que constituyen 60 por ciento de los bosques peruanos, lo que contraviene el anexo forestal del TLC.

Esa fue una de las 10 observaciones formuladas al decreto por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, Susan Schwab, en una reunión con delegados del gobierno de Perú a inicios de este mes en Washington, dijo a Tierramérica el presidente del no gubernamental Foro Ecológico, Sandro Chávez.

Este punto preocupó especialmente a las autoridades estadounidenses, agregó Chávez, así como la eliminación de la Comisión Nacional Forestal, que garantiza la participación ciudadana en la gestión de los bosques y que estaba prevista en la ley anterior.

En el encuentro, los estadounidenses expusieron que para la implementación del TLC era imprescindible la existencia de un mecanismo de consulta pública en materia forestal, añadió Chávez.

El decreto 1.090 es uno de los 99 adoptados por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades legislativas que le concedió el Congreso para implementar el TLC.

Las 10 consultas de la Oficina se basaron en cuestionamientos del Foro Ecológico, que reúne a organizaciones no gubernamentales de los dos países, sostuvo.

Fuentes de la embajada de Estados Unidos en Perú dijeron a Tierramérica que el lunes 20 Lima envió una carta respondiendo las inquietudes de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, pero los detalles se mantienen en reserva. La ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, que envió esa misiva, aseguró a Tierramérica que se trata de "conversaciones que hay que pulir" como parte de la implementación del TLC. "Estados Unidos sólo me mandó comentarios, sugerencias y preguntas de cómo se va hacer tal o cual cosa. Nadie ha dicho 'estamos fastidiados', esos son comentarios de algunas organizaciones no gubernamentales que tienen intereses", dijo. "Pero si hay que hacer cambios se harán", agregó Aráoz.

El nuevo primer ministro de Perú, Yehude Simon, ha reconocido que algunos de los decretos deben ser revisados. El reglamento del decreto 1.090, que está elaborando el Poder Ejecutivo, podría ser la ocasión. "Esperemos que no sólo se hagan pequeños cambios en el reglamento, sino que el Congreso derogue el decreto" y proponga una nueva ley, dijo a Tierramérica el experto en legislación ambiental Alberto Barandarián. La estatal Defensoría del Pueblo sostuvo la semana pasada en un informe que el decreto "debilitaría los mecanismos que aseguraban el aprovechamiento sostenible de las plantaciones forestales" y no garantiza la protección de los bosques primarios.

"Las medidas adoptadas en el decreto 1.090" sumadas a "la inexistencia de disposiciones que garanticen su aplicación sólo en tierras con aptitud forestal que ya se encuentren sin cobertura boscosa, podría generar que se deforeste bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con tal condición", afirma el documento. El informe de la Defensoría se efectuó a pedido del presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, Róger Nájar, que impulsa un nuevo proyecto de ley forestal. Según Barandarián, el decreto también vulnera la Constitución y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, porque les quita facultades en favor del Organismo Fiscalizador de las Concesiones Forestales.

Otro aspecto que preocupa a los ecologistas es que el decreto abre paso a que la madera ilegal incautada pueda ser sujeta a una adjudicación directa, vendida y legalizada.

La Defensoría advierte que el artículo 41 del decreto "permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos". Chávez recordó que a partir de 2009, el contrabando de madera se verá obstaculizado con Estados Unidos, en virtud de una norma adoptada en ese país que obligará a certificar el origen de todos los productos madereros importados.

De los 99 decretos aprobados para la implementación del TLC, 25 están vinculados al agro y la mayoría apuntan a favorecer las grandes inversiones, dijo a Tierramérica el activista Laureano Del Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales.

"Aquí se está privilegiando los intereses de las empresas por sobre los de las comunidades o pequeños propietarios", opinó.

El decreto 1.064, que derogó la Ley de Tierras, regula de manera incompleta la definición de terrenos agrícolas y elimina el acuerdo previo de comunidades y productores rurales para iniciar proyectos de minería o hidrocarburos.

"Las observaciones de Estados Unidos evidencian que las cosas se han hecho mal", señaló a Tierramérica la socióloga Alejandra Alayza, coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad.

"El propio mecanismo de implementación del TLC abre un frente para que se deroguen y modifiquen aquellos decretos que afectan a las comunidades y la gestión ambiental", agregó.

El martes 28, autoridades de la Amazonia y el congresista Nájar celebrarán una audiencia pública en la septentrional ciudad de Iquitos para pedir la derogación del decreto 1.090 y de otras normas.
* Corresponsal de IPS.

Roger Rumrrill

¡Hay que detener el biotráfico, ahora!
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=26140

El narcotráfico y su secuela de corrupción y violencia no es el único flagelo que causa estragos de diverso orden en el Perú.También el biotráfico, es decir el tráfico de especies biológicas, gana terreno favorecido por la laxitud de las leyes, la incapacidad para hacerlas cumplir y la colusión y complicidad de los funcionarios y del propio Estado. La corrupción ya es una de las peores endemias en el Perú del siglo XXI.

Se estima, conservadoramente, que el biotráfico es un negocio que ahora mueve más de 500 millones de dólares anuales con la extracción y la venta ilegal de maderas valiosas como caoba y cedro, exportación de alevinos de paiche y otras especies de la fauna silvestre e hidrobiológica, exportación ilegal de mariposas, cacería furtiva de vicuñas para la venta clandestina de su lana y una gran variedad de otros productos y especies de la naturaleza.

De este biotráfico, uno de los mayores es el de la madera. Guillermo Andrade Saénz, un ingeniero amazónico acaba de realizar una rigurosa investigación sobre lo que él llama el “cártel de la madera” del río Yavarí donde el Estado peruano ha otorgado 28 concesiones maderables. Hay más de 500 en toda la Amazonía. De acuerdo a las pesquisas de Andrade, una verificación efectuada por inspectores forestales entre octubre del 2007 y abril del 2008 sobre 11 de las 28 concesiones y que representan el 39.29 de la superficie concesionada, ha probado y demostrado fehacientemente que se han extraído ilegalmente miles de metros cúbicos de cedro que después ingresaron al mercado nacional y luego a la exportación convenientemente “lavados”, o sea legalizados.

Sólo uno de estos falsos concesionarios, Víctor Francisco Gutiérrez Panduro, extrajo nada menos que 2 millones, 545 mil pies tablares de cedro.

Pero lo increíble es que el encargado de “lavar” la madera ilegal, según las investigaciones de Andrade, fue el propio jefe del INRENA, José Luis Camino Ivanissevich, mediante la Resolución Jefatural 076-2008, ignorando la procedencia ilegal del cedro y apelando a otras artimañas. Precisamente Camino reemplazó en la jefatura del INRENA a Roberto Ángeles Lazo que fue cesado luego de que tomó medidas de control sobre el “cártel del Yavarí”.

Señal de que, como en el caso de la revelación de los “petroaudios”, la corrupción que hace metástasis en este gobierno alcanza las cumbres del poder.

Estudian aplicación de enmiendas a capítulos del TLC

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, podría revisar y hacer una enmienda a los capítulos agrario y de ambiente del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos.

Así lo informó la congresista Elizabeth León, quien explicó que de esta manera, se podría sintetizar el trabajo que supone la revisión de los decretos legislativos correspondientes; una actividad que, aseguró, demanda especialización y tiempo.

León Minaya precisó que, a la par de la referida iniciativa- que presentará ante la referida mesa de trabajo - se viene trabajando proyectos de leyes alternativos que deroguen los decretos legislativos emitidos a propósito del pacto comercial con Washington.

Detalló que, actualmente, está trabajando en la derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1090, Ley Forestal y Fauna Silvestre, que permite las plantaciones de palma aceitera en los bosques de la Amazonía, actividad que pone en peligro la diversidad en la selva peruana.

La parlamentaria por Ayacucho anotó que a pesar del esfuerzo que despliegan las comisiones especiales del Congreso para apresurar dichas labores, éstas no consiguen resultados rápidos porque carecen de la asesoría técnica y logística necesarias.

Es por ello que la Comisión Especial que está revisando las leyes emitidas por el Poder Ejecutivo al amparo del TLC, ha remitido una carta a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), pidiendo que no se reglamente los decretos legislativos antes que sean revisados por las comisiones parlamentarias.


Disponible en: http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=23927

Audio: Real Win MP

Artículo 41 de la nueva Ley Forestal estimula extracción ilegal de madera y debería ser cambiado

El jefe de la oficina de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Vito Verna, consideró esta tarde que el artículo 41 del Decreto Legislativo 1090 "nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre" estimula la extracción ilegal de madera, por lo que debería ser derogado.

"Nosotros vemos con mucha preocupación el artículo 41 porque establece una serie de procedimientos para acreditar el origen de la madera que podría tener origen controversial. Es una regulación negativa que podría generar una extracción ilegal de la madera y por eso debería ser cambiado" precisó el funcionario en diálogo con INFOREGIÓN.

Anterior norma se sujetaba a un plan de manejo
El funcionario comentó asimismo que la anterior norma forestal tenía regulaciones claras que permitían saber bajo que condiciones eran entregados los terrenos con capacidad forestal, situación que no se da con el DL 1090.

"No esta claro el régimen, antes había una regulación que decía cómo se otorgaba estas tierras y bajo que condiciones. Con la ley 1090 no lo sabemos y hay una gran incertidumbre por cómo se van a usar las tierras y de qué manera este no va a producir perdida de bosques", agregó.

Como se recuerda, en la víspera, la Defensoría del Pueblo hizo llegar al Congreso de la República un informe en que detalla su objeción al decreto legislativo en cuestión por considerar que fomentaría la legalización de madera de origen controversial.

El documento deja ver la preocupación de la Defensoría por el hecho de que se ha quitado la categoría de recurso natural, y por lo tanto de patrimonio nacional, a las tierras con aptitud forestal y a las plantaciones forestales, pues sostiene que eso nos haría entrar en una incertidumbre sobre cuáles serían las modalidades en que estas tierras serian dadas a los particulares.

Disponible en:
http://www.inforegion.com.pe/region/noticia_detalle.php?v_idnoticia=17754&v_idlocacion=1&v_idcategoria=28

¿VEDA o ROBO, EROR o DELITO? II.
UN DEBATE POR INICIAR

Por: Guillermo Andrade Sáenz
Iquitos, octubre 2008

Sin dar opinión, asumir posición y con ausencia de convicción ante elementos que atentan contra el desarrollo forestal y nacional; asolapados en procura de una “oportunidad” de trabajo; no queriendo “problemas” con los dueños de la empresa (incluido temporales inquilinos del INRENA), no será posible revertir la pobreza y miseria que azota a nuestro pueblo ni la primitiva y envilecedora situación en la que se encuentra el sector forestal y maderero de nuestra Patria.

Digo lo anterior porque con cierta frecuencia leemos notas preñadas de chovinismo, donde algunos reclaman por serles “propia”, la exclusividad –imagino también ser excluidos de otras que les son “impropias”- para participar en la solución de los problemas que nos agobian, entre ellos la tala y comercio ilegal de maderas y la corrupción que la facilita. Olvidan aquellos que, desde su creación, la ex Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y el Instituto Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, han estado en manos de forestales, incluso hemos tenido un forestal (Dasónomo) por Ministro de Agricultura (Enrique Rossl Link), ex catedrático de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Agraria. Otros, reclaman ser “cabeza” de las instituciones del quehacer forestal. Ambas posiciones olvidan que el sub sector forestal requiere, por igual, como toda la actividad agraria y rural, de enfoques multidisciplinarios y participativos donde ninguna rama del conocimiento es secundaria. Lo que debe primar es la clara visión que lleve a respondernos aquella pregunta de inacabables respuestas, que hace años nos hizo Marc Durocjeanni, ¿Amazonía, qué hacer? y decidido coraje de concreción. Los “mudos” son convenidos agazapados que esperan “su momento”, de quienes nadie sabe si su servicio en un puesto o cargo será para el bienestar general o sólo para grupos o personas. ¿Cómo saberlo si nunca hablaron ni comprometieron?

Nadie, en sano juicio, negará la trascendencia de ir contra la tala y comercio ilegal y la corrupción que, como vimos en nota anterior, se propicia desde las más altas esferas de la institución llamada a combatirla. Afirmamos que la Resolución Jefatural 076-2008-INRENA, firmada por José Luís Camino Ivanissevich, ha sido el instrumento que ha trocado de ilegal a legal miles de m3 de cedro, mediante guías de transporte forestal (GTF) extendidos por 11 falsarios de productos no salidos de áreas concesionadas, sino de bosques vedados en mérito a la 7ª Disposición Transitoria Complementaria de la Ley 27308, por ende, se trataba de productos robados del Patrimonio Forestal de la Nación. Nada de esto se habría llegado a saber de no ser que inspectores –honor para ellas y ellos- designados (de Lima e Iquitos) por el propio INRENA, fueron al Yavarí para efectuar labores de verificación a 28 (se hizo a 11) concesiones, tareas de las que también participaron miembros de la Policía Nacional del Perú.

Antes de publicar su malhadada Resolución, por la que se deberá responder –quizá pronto- ante los tribunales de Justicia1, junto a quienes lo secundaron, por los presuntos delitos de falsedad ideológica, asociación ilícita para delinquir, peculado y/o colusión, sea en este o próximo gobierno (¿Yehude Simon, Leyton Muñoz?). Camino Ivanissevich disponía de los Informes de Verificación que dicen que el cedro -cuya inmovilidad se dispuso en mérito al Art. 2º de la R.I. 020-2008-INRENA-IFFFS- tenían origen ilícito; que el ilícito se había puesto en manos de la Justicia; sin embargo, propició que -en el marco del burdo y amañado Concurso Público Nº 01-2008-INRENA-CESP-AT, publicado en El Peruano de abril 7, 2008 (glosado en nuestra nota “Adelantando Opinión”, de abril 20), Manuel Pesantes Rebaza y Reden Suárez Gonzáles, conveniente y oportunamente encargados de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Iquitos lo devolvieran al cartel cedrelero del Yavarí, usando para ello un sofisma dirigido a confundir a incautos: que la veda impuesta por Ley a las cuencas del Putumayo, Yavarí, Tamaya y Purús exceptúa a las concesiones ubicadas en esas cuencas. Ese argumento, analizado en “I. Un debate por iniciar” no es válido porque al rubricarse la Ley 27308, el Ejecutivo aceptó, como debía hacerlo, el imperativo mandato del Congreso de la República que declaró la veda del cedro y caoba en esas cuencas, por un periodo de 10 años (vencerá en julio 15, 2010), dejando al Ejecutivo el poder hacerlo a futuro (Art. 24.2.), en otras cuencas, para las mismas u otras especies, por igual o diferente periodo. Respaldo mi posición a favor de no admitir excepción alguna y mantener prohibida la tala de cedro y caoba en el Yavarí- en el Informe de Asesoría Jurídica Nº 407-2007-INRENA-OAJ, de diciembre 14, 2007 y en la Opinión Legal dada por el Estudio Echecopar Abogados, a requerimiento del propio INRENA y del Ministerio de Agricultura.

Defensoría advierte que decreto 1090 afectaría bosques

Señala que podría generar que se destruyan áreas forestales. Según Foro Ecológico se dañaría 60% de bosques.

La Defensoría del Pueblo señaló en un reciente informe que tanto el decreto legislativo 1090, que modifica la ley forestal y de fauna silvestre, como su proyecto de reglamento debilitarían "los mecanismos que aseguraban el aprovechamiento sostenible de las plantaciones forestales", y no garantizan la protección de los bosques primarios.

La norma dejaría fuera del régimen especial de patrimonio forestal a unas 45 millones de hectáreas, lo que representa el 60% de los bosques del Perú, según el Foro Ecológico.

"Las medidas adoptadas en el DL 1090, sumado a la incertidumbre de la institucionalidad ambiental en el tema forestal y la inexistencia de disposiciones que garanticen su aplicación solo en tierras con aptitud forestal que ya se encuentren sin cobertura boscosa, podrían generar que se deforeste el bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con tal condición", afirma la Defensoría, que también advierte que el DL permitiría legalizar la madera ilegal incautada.

Para descargar el informe completo ingresar en el siguiente enlace: Informe de Adjuntía Nº 027-2008-DP/ASPMA.MA

Disponible en: http://www.larepublica.com.pe/content/view/251645/483/

Norma incentiva ilícitos forestales

El Decreto Legislativo Nº 1090, que deroga la Ley Forestal y de Fauna Silvetre, cuyo reglamento todavía no fue aprobado, permitiría la legalización de la madera de uso controversial, lo que incentivaría comportamientos ilícitos en nuestra amazonía, concluye un informe de la Defensoría del Pueblo.

Además, el citado DL, aprobado en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, elimina el Conafor, ente que garantiza la participación ciudadana en decisiones de política forestal.

Disponible en: http://www.larepublica.com.pe/content/view/251626/484/

Diario
EL COMERCIO

Expertos piden que normas para el TLC con EE.UU. sean revisadas con calma.

Tranquilidad porque el ATPDEA se amplió un año. Consideran que se apresuraron algunos decretos en agricultura, ambiente y forestal.

Un grupo de expertos en temas de derecho ambiental y en agro sostuvo que es necesaria una revisión calmada de los decretos legislativos publicados por el Ejecutivo con las facultades legislativas para la implementación del TLC con Estados Unidos, ahora que el acuerdo de preferencias (ATPDEA) se amplió por un año más y ya no es urgente la vigencia del TLC desde enero del 2009.

La coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGe), Alejandra Alayza, advirtió que parte de los decretos publicados contravienen la Constitución e incluso no armonizan con los compromisos del TLC. Por ejemplo, sostuvo que la creación del Ministerio del Ambiente se dio por decreto, cuando debía aparecer con ley orgánica.

El representante de Centro Peruano de Estudios Peruanos (Cepes), Laureano Castillo, apuntó que el Decreto Legislativo 1064 eliminó la figura del acuerdo previo entre el agricultor y el minero o petrolero interesado en comprarle sus tierras. Dijo que la figura se trata de una servidumbre, para la cual tampoco están definidos valores económicos.

El Dato
Capítulo ambiental
El embajador de Estados Unidos en Lima, Michael McKinley, informó que su país aportará US$6 millones al Perú para la implementación del capítulo de medio ambiente del tratado de libre comercio.

Disponible en: http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-10-22/expertos-piden-que-normas-tlc-eeuu-sean-revisadas-calma.html

Ejecutivo excedió mandato del Congreso

Al amparo de facultades para implementar el TLC con los Estados Unidos. Son decretos que vulneran el derecho de las comunidades indígenas y ponen en riesgo los bosques amazónicos.

Por: Rocío Maldonado.

El Ejecutivo fue más allá de lo permitido y excedió las facultades para legislar sobre materias relacionadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con los Estados Unidos.

Esta es la conclusión a la que llegó la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), integrada por organizaciones como Cepes, Desco, Grupo Propuesta Ciudadana, Conveagro, entre otras.

Se trata de 99 decretos legislativos aprobados, de los cuales 26 están vinculados a la agricultura y 23 al medio ambiente.De estos algunos son inconstitucionales, otros ponen en riesgo los bosques amazónicos y a las comunidades campesinas e indígenas, y muchos trascienden a la implementación del acuerdo comercial.

Foco de Conflictos
Por ejemplo, el DL Nº 1064 viola el derecho de las comunidades campesinas y nativas a ser consultadas porque elimina la obligación del acuerdo previo para el acceso a tierras comunales por las industrias extractivas.

Esta norma presenta problemas similares al DL Nº 1015, derogado recientemente a raíz de las protestas de indígenas de las etnias aguaruno-huambisas. A su vez el DL Nº 1090 "Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre" , aprobado sin ninguna consulta y sin ningún medio de participación, incentiva la deforestación de los bosques amazónicos.

En tanto el Decreto Legislativo Nº 997 modifica la organización del Ministerio de Agricultura y crea la Autoridad Nacional de Agua (ANA). Este decreto se encuentra fuera del alcance de la delegación de facultades. Además están los DL 1083 y 1077 que autorizan la venta de agua.

Normas más allá del TLC
Al obtener facultades legislativas para facilitar la implementación del TLC con Estados Unidos, el Gobierno aprovechó para aprobar normas que eran parte de su agenda interna, afirmó Carlos Monge, representante de la ONG Desco. "El gobierno ha querido relajar, complicar, enredar todo lo que son los estándares ambientales en el Perú con el propósito de generar un tercer ciclo de inversión privada. Para ello debe eliminar el derecho a la propiedad de tierras por parte de las comunidades y las regulaciones ambientales".

Subrayó que al haber excedido las facultades otorgadas, lo único que queda es la derogatoria parcial o total de los decretos inconstitucionales. La última palabra, dijo, la tiene el Legislativo o el Tribunal Constitucional.

Disponible en: http://www.larepublica.com.pe/content/view/251434/484/

Convocaron a Audiencia para derogar DL 1090

Norma afecta amazonía. Cita será en Iquitos el martes 28 con autoridades y dirigentes.

La Amazonía sigue levantando su voz de protesta. El martes 28 se realizará una audiencia pública en Iquitos en contra del decreto legislativo 1090, que reemplazó la ley forestal y de fauna silvestre y que forma parte del polémico paquete de normas que fueron aprobadas contra el reloj en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

A la actividad convocada por el gobierno regional de Loreto y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento acudirán congresistas de la zona, autoridades regionales, alcaldes y representantes de la sociedad civil.

Al final se elaborará un documento que exigirá derogar el DL 1090, por afectar los intereses de la selva peruana al relativizar el carácter forestal de las tierras abriendo paso a la inversión privada y, además, al desaparecer el Conafor, un ente que garantizaba la participación ciudadana en el tema.

Así, autoridades, organizaciones sociales y parlamentarios responderán a la propuesta gubernamental de vender 8 millones de hectáreas de bosques forestales.

Disponible en: http://www.larepublica.com.pe/content/view/251468/483/

PRONUNCIAMIENTO SOBRE PROYECTO DE LEY DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOSINDÍGENAS

El día martes 21 de octubre de 2008, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República debatirá un Proyecto de Ley que regula el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y a la participación.

Frente a esa situación, El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, expresa lo siguiente:

El texto actual del proyecto de ley determina que la consulta "no esvinculante", lo que desnaturaliza el espíritu del mencionado derecho, siendo contrario a lo establecido en las normas internacionales suscritas y ratificadas por el Estado peruano, como lo son el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Por lo tanto, se debe modificar el proyecto de ley para incluir que laconsulta tiene por finalidad "obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas", como estipula el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT y el artículo 19º de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El actual proyecto de ley limita el derecho a la consulta a acciones dentro de los territorios de los pueblos indígenas. Sin embargo, se debe ampliar su ámbito de aplicación para incluir el derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle sdirectamente -a nivel nacional, regional o local- tal como reconoce el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT.

El Dictamen del proyecto de ley no menciona el haber solicitado ó recibido la opinión de la Organización Internacional de Trabajo, ni de las Naciones Unidas, lo cual sería sumamente importante, sobre todo para el análisis del alcance de la consulta.

El nuevo proyecto debería ser consultado con las organizaciones indígenas antes de ser aprobada. Además, un proceso abierto de consulta contribuirá a la paz social y al respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Es importante recordar que en el mes de agosto se produjo precisamente una gran movilización indígena en protesta por normas no consultadas.

Lunes 20 de octubre del 2008

Asociación Paz y Esperanza
Asociación Pro Derechos Humanos
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Instituto de Bien Común
Oxfam América
Servindi

Alejandro Toledo: Ley de la Selva no está divorciada de petroaudios
Lunes, 20 de Octubre del 2008 - 12:23:39

El ex presidente Alejandro Toledo afirmó que es necesario investigar a fondo quienes están detrás del escándalo de corrupción a raíz de supuestas irregularidades en la adjudicación de pozos petroleros a la empresa Discover Petroleum, revelados en los llamados 'petroaudios'.

"Necesitamos ir al fondo para investigar quienes están detrás de este escándalo de la licitación de los pozos petroleros y gasíficos que ha traído la caída del Gabinete Jorge del Castillo", indicó en Ampliación de Noticias desde República Dominicana.

Incluso consideró que la denominada Ley de la Selva está relacionada con el escándalo petrolero. "La denominada Ley de la Selva, intuyo que no está divorciada del escándalo petrolero. No tengo evidencias suficientemente fuertes pero si miras los lotes, tiempos en los cuales se han dado relación entre los decretos y el TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos. En fin, dejamos que el Poder Judicial diga su palabra", detalló.

"Creo que por el bien del país, que se despeje de una vez por todas qué está pasando", precisó. Asimismo, consideró que el presidente Alan García ha reaccionado rápidamente para resolver la crisis política. "Y está pagando un precio político muy alto, al haber hecho los cambios que se han producido hasta ahora, pero no creo que las cortinas de humo van a resolver el tema de fondo", anotó.

Sin embargo, sostuvo que el actual presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon es una persona que ha hecho un gran trabajo en Lambayeque como presidente regional de dicho departamento. "Hemos hecho trabajos juntos, hemos apoyado fuertemente un proyecto olvidado de Olmos. Creo que conoce la realidad de esa región, y espero que como primer ministro tenga todo el apoyo", señaló. "En al política de Estado pueden contar conmigo, tanto el primer ministro como el presidente García", añadió Toledo Manrique.

Ver Noticia: http://www.rpp.com.pe/2008/10/20/alejandro_toledo:_ley_de_la_selva_no_esta_divorciada_de_petroaudios/nid_142066.html

INRENA EXPRESA PREOCUPACIÓN
Sistema contra la tala ilegal sin presupuesto
ÁDEX lamenta que este proceso no arranque pese a ser un compromiso"
(Diario el Comercio 11/10/2008)

El sistema de control de la tala ilegal que el Perú se comprometió a instalar como parte de las adendas del tratado de libre comercio con EE.UU. aún no cuenta con el presupuesto requerido, advirtió el jefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), José Luis Camino.

Desde agosto pasado se espera el desembolso de una primera partida de S/.57 millones, de un total de S/.152 millones, que costará todo el sistema, que involucra los equipos tecnológicos y la capacitación de personal, tanto del Gobierno Central como de cada región del país.

Camino expresó preocupación porque aún no se están dando los primeros pasos para cumplir uno de los compromisos vitales del TLC: la lucha contra la tala ilegal. Sin embargo, sostuvo que esta demora era comprensible, debido a que el Ministerio de Economía está haciendo recortes al presupuesto nacional de este año, para evitar posibles efectos negativos de las crisis externas o la inflación.

El sistema de control que ha diseñado el Inrena permitirá hacer un seguimiento a través de códigos de la madera, desde su etapa en el bosque hasta su exportación, mediante un monitoreo a través de aparatos satelitales, comunicación radial e Internet.

Camino mencionó que, adicionalmente, se realizan gestiones en Washington para que el Gobierno Estadounidense haga un aporte monetario al proceso, a través de donativos o programas de ayuda.

Sobre este tema, Herbert Frey, presidente del Comité Forestal de ÁDEX, lamentó que, cerca de cumplir el primer año de firmado el acuerdo comercial, no se avance aún con la instalación de todo el nuevo sistema de control.

Resaltó que, según cálculos de su comité, el proceso de implementación del nuevo sistema cuesta US$110 millones, más del doble de los S/.152 millones establecidos por el Gobierno.

Sin embargo, el representante gremial sostuvo que, por menor que sea ese presupuesto, es bienvenido para iniciar un real control en la comercialización de la madera.

"El problema es que ese presupuesto tiene que venir pronto", resaltó Frey.

Censo forestal también en espera
Otro de los temas que también ha quedado a la espera de presupuesto es el censo forestal. José Luis Camino, jefe del Inrena, mencionó que el censo iba a arrancar hace un mes, pero que habrá que esperar la partida respectiva.

Este censo permitirá no solo llevar un mejor control de nuestros recursos maderables, sino también facilitar los procesos de entrega en concesión de terrenos a terceros.

El presidente del Comité Forestal de ÁDEX, Herbert Frey, refirió que este tipo de inventarios son muy costosos, así que tendrá que realizarse poco a poco.

Carta enviada por AIDESEP a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazonicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecologia del Congreso de la República.

CARTILLA

DECERETO LEGISLATIVO 1090

"Sus Impactos e Implicancias en el Desarrollo Sostenible del País"

LA MITAD DE LA AMAZONIA DESAPARECERÁ EN EL 2030

Así lo dice el informe. Los círculos viciosos de la Amazonia: sequía y fuego en el invernadero <http://assets.panda.org/downloads/amazonas_esp_05_12b_web.pdf>, que la organización ecologista WWF acaba de hacer público con motivo de la Cumbre del Clima de Bali. Si el calentamiento global y la deforestación continúan como hasta ahora, hasta un 60% de los bosques de la Amazonia podrían desaparecer en las próximas dos décadas, lo que liberaría a la atmósfera la cantidad equivalente de CO2 a dos años de emisiones a nivel mundial.

El informe alerta que, además de la función de la selva amazónica como almacén de carbono, los efectos del cambio climático y la deforestación pueden afectar también a los ríos de la Amazonia, que contienen una quinta parte de las reservas de agua dulce del planeta. Las consecuencias serían nefastas para la estabilización del clima en la zona, una de las funciones más importantes de los bosques, ya que la pérdida de tal cantidad de agua dulce provocaría menos lluvias, una mayor sequía e, incluso, afectaría a las corrientes de agua en los grandes océanos.

WWF advierte que si no se detiene la deforestación en la Amazonia, la temperatura podría subir hasta 8 grados en la segunda mitad de este siglo. Entre las soluciones que propone esta organización, destaca la creación de mayores zonas protegidas de bosque, así como la reducción del impacto de la actividad ganadera y agrícola.

EE.UU. rechaza controversial ley forestal, necesaria para implementar TLC.
Ley Talada

Decreto Ley 1090 debilita el sistema de supervisión de concesiones forestales.EL secretario técnico del Colectivo Forestal, Sandro Chávez, anunció que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) pidió al gobierno peruano resolver el problema que ha producido el Decreto Ley 1090 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esto equivaldría a “vetar” la ley, necesaria para implementar el TLC con ese país. La cabeza de la mencionada oficina es la embajadora Susan S. Schwab.

El DL 1090 había sido cuestionado severamente por académicos y organizaciones como la que encabeza Chávez. Las críticas advertían que reducía la participación de la sociedad y debilitaba el sistema de supervisión de las concesiones forestales, ambos requisitos necesarios para implementar el TLC. Quienes se oponían a la ley también interpretaron que se dejaba abierta por varios meses una ventana que permitía sacar del país madera talada ilegalmente (CARETAS 2036). La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, declaró en su momento que el DL “no colisiona con los compromisos del Anexo Forestal 18.3.4.” del TLC (CARETAS 2037).

http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&idE=797&idS=82

Los bosques en peligro: ¿el triunfo del pragmatismo?

Autor: Santiago Pedraglio

Los decretos legislativos 1090 y 1064, al permitir que los bosques desforestados (“tierras forestales sin cobertura boscosa”) sean vendidos y posteriormente dedicados a la agricultura, abren la posibilidad de que se incremente la deforestación en una medida sustantiva.

En el país hay aproximadamente 10 millones de hectáreas de tierras desforestadas, que representan alrededor de 14% del total de los bosques (más de 70 millones de hectáreas). Una evaluación apresurada llevaría a pensar que no hay motivo de alarma, pues “no es mucho” lo que se pretende vender.

Sin embargo, hay dos apuntes claves. El primero es que antes de la dación de esos decretos el régimen legal permitía entregar en concesión las tierras deforestadas; la novedad es que ahora se da luz verde para su venta. El segundo es que con esto se alentará la deforestación con el claro propósito de poder vender el bosque. Existe, pues, el riesgo de que se establezca un círculo perverso: que los intereses particulares arrasen con millones de hectáreas y que los 10 millones actuales se conviertan en una cifra del recuerdo.

La capacidad de control del estado sobre los recursos naturales y los bosques en particular es a todas luces deficitaria. Este hecho no es una novedad. Desde hace décadas funcionan en el Perú la tala y el comercio ilegales de la madera, y el estado ha sido un cero a la izquierda para controlarlos. Es fácil imaginar qué sucederá con la deforestación cuando entren los grupos económicos más poderosos.

El proceso tiene tanta fuerza que ya está en proceso la compra-venta de tierras en Ucayali, Madre de Dios y la selva central. El efecto de la deforestación masiva tendrá un gran impacto sobre la fauna y flora y sobre la población que vive desde siempre en esos espacios, por más que el gobierno considere que son inexistentes: se sigue pensando en la selva como una región desocupada.

Los decretos mencionados tienen todos los visos de ser inconstitucionales. La Constitución señala (Art. 66), que el estado es propietario de los recursos naturales y que no se pueden vender. La Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales considera, a su vez, que las aguas y las tierras forestales (con o sin bosque) son también recursos naturales y que por lo tanto tampoco se pueden vender (cosa que están permitiendo los decretos comentados).

Sería muy importante que la Defensoría del Pueblo, que tan importante papel tuvo a propósito de la reciente protesta de las comunidades nativas se pronuncie sobre este tema.

Disponible en:
http://peru21.pe/impresa/noticia/bosques-peligro-triunfo-pragmatismo/2008-10-05/226511

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

AUDIENCIA PÚBLICA FORESTAL

Resumen Ejecutivo
16 de septiembre de 2008
Auditorio Raúl Porras Barrenechea

Diario la Primera
04/10/2008


Hasta EE.UU. rechaza decretos legislativos
El secretario técnico del Colectivo Forestal, Sandro Chávez, reveló que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) manifestó su disconformidad con varios decretos legislativos. “La USTR se reunió con la delegación peruana en Washington la semana pasada y pidió varios cambios legislativos”, precisó.

La delegación peruana estuvo encabezada por el intendente forestal del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Rafael Ramírez, quien presentó el paquete de decretos legislativos ante la USTR.

Según Chávez, el organismo estadounidense cuestionó 10 puntos de la totalidad de decretos y solicitó cambios para los decretos 1090 y el 1064. “El artículo 2 del decreto 1090 establece que las 45 millones de hectáreas de bosques de producción dejarían de ser patrimonio de la nación”, dijo.

El Ejecutivo también estableció la desactivación de la Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal (CONAFOR) mediante el decreto 1090.

Con ello, el gobierno contraviene sus compromisos asumidos en el Anexo Forestal de la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), pues el CONAFOR promovía la participación ciudadana en la gestión del sector forestal.

Además, el especialista explicó que la norma 1064 indica que estas 45 millones de hectáreas de bosque podrían ser modificadas para uso agrícola. “Lo más saludable es la derogación de los decretos y que el proyecto de ley 2691 los reemplace”, dijo.

La congresista Elizabeth León plantea, mediante el proyecto de ley 2691, el ordenamiento territorial y forestal a través de una zonificación ecológica y económica; además de promover el manejo forestal comunitario y el respeto a los derechos de las comunidades.

http://www.diariolaprimeraperu.com/edicionNota.php?IDnoticia=24788&EN=1284

CONVERSATORIO
Comunidades, Recursos Naturales
E Institucionalidad Ambiental
Impactos de los nuevos Decretos Legislativos
Jueves 09 de Octubre de 2008

De 8.30 a 16.00
Lugar: Colegio de Abogados de LimaAv. Santa Cruz 255 - Miraflores

PROGRAMA
8:30 – 9:00 Registro de Participantes
9:10 – 9:35 Exposición CentralAnálisis de la Conformidad Constitucional de los DecretosLegislativos aprobados por el Ejecutivo en el marco de lasfacultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República.Dr. Javier Alva Orlandini
9:35 – 9:45 Preguntas del Público

9:45 – 10:10 Decretos Legislativos sobre la Institucionalidad Ambiental:Debilidades y fortalezas
Exposición: Dr. Álvaro López Casorla - Ministerio del Ambiente
Panelistas:
10:10 – 10:25 Alberto Barandiarán - Consultor
10:25 – 10:40 Carlos Chirinos – Comisión de Ambiente y Recursos Naturales - CAL
10:40 – 10:55Carlos Pereyra - IPROGA – Marco Institucional del Recurso Hídrico
10:55 – 11:10 Preguntas del Público
11:10 – 11:40 Coffee Break

11:40 – 12:05 Decretos legislativos sobre asuntos mineros y comunidadescampesinas
Exposición: Lic. Victor Caballero – Investigador Asociado IEP
Panelistas:
12:05 – 12:20 Laureano del Castillo – CEPES - Red Muqui
12:20 – 12:35 Nora Pérez Calla – CNA
12:35 – 12:50 Preguntas del Público

12:50 – 13:15 Decretos legislativos sobre temas agropecuarios:Agrobiodiversidad – Biotecnología – Sanidad Agraria – Inocuidadde Alimentos
Exposición: Luis Felipe Sánchez Araujo – Viceministro de Agricultura
Panelistas:
13:15 – 13:30 Jaime Llosa – RAP
13:30 – 13:45 Luis Gomero – SNA/RAAA
13:45 – 14:00 Eduardo Zegarra – GRADE1
4:00 a 14:15 Preguntas del Público
14:15 – 15:00 Piqueo - almuerzo.

15:00 – 15:25 Decretos legislativos que versan sobre asuntos forestales
Exposición: Hugo Che Piu - DAR
Panelistas:
15:25 – 15:40 Rafael Ramírez – Intendente Forestal - INRENA
15:40 – 15:55 Carlos Andaluz – PROTERRA.
15:55 – 16:10 Preguntas del Público
16:10 Palabras finales a cargo de los organizadores.

Sandro Chávez:
Washington objetó el cuestionado DL 1090 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Perú debe resolver el problema para seguir adelante con el TLC. El Congreso ya discute proyecto del ley alternativo.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) pidió al gobierno peruano que resuelva el problema generado por el DL 1090 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre que reduce la definición de Patrimonio Forestal dejando fuera del régimen forestal a unas 45 millones de hectáreas de tierras con capacidad forestal, esto es, el 60% de los bosques del Perú. El secretario técnico del Colectivo Forestal, Sandro Chávez, hizo el anuncio al comentar los resultados de las conversaciones del equipo del Ministerio de Comercio y Turismo del Perú con la USTR para evaluar los avances en la implementación del TLC.

Las explicaciones del equipo técnico peruano durante las reuniones que tuvieron lugar la semana pasada en Washington con miembros de la USTR – precisamente para analizar las regulaciones modificadas por los Decretos Legislativos dados bajo el argumento de adaptar al Perú para el TLC con EEUU –no fueron satisfactorias. La USTR ha pedido al Perú que solucione el problema y alcance una respuesta oficial para poder continuar con la implementación del TLC, comentó Chávez.

Así mismo, adelantó que otro fuerte cuestionamiento de la USTR respecto del DL 1090 estuvo referido a la eliminación del CONAFOR, un organismo para la participación ciudadana en la gestión del sector forestal previsto por la ley anterior.

Chávez explicó que los cuestionamientos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en gran medida recogen las preocupaciones de la sociedad civil peruana, manifestadas en los últimos meses a través de pronunciamientos públicos y foros de discusión. Además del Colectivo Forestal – integrado por un conjunto de ONG y especialistas en el tema, – la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), el Colegio de Ingenieros del Perú, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional del Centro del Perú, la Universidad Nacional de Ucayali, los Obispos Amazónicos, el Gobierno Regional de Junín, el Colectivo Alerta Verde de Puerto Maldonado y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República son algunas de las agrupaciones que se han manifestado en contra del DL 1090 y han transmitido su preocupación a sus pares en Estados Unidos para activar los mecanismos de protección previstos en el Anexo Forestal del TLC.

Solución en el Congreso
La solución de este problema ya está fuera de las manos del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo no puede derogar ni modificar el decreto, dado que ya venció el plazo de las facultades legislativas que recibió del Congreso. En este momento el tema está en manos del Sub Grupo de trabajo para la revisión del paquete de Decretos Legislativos emitidos por el Ejecutivo en el marco de la implementación del TLC, integrada por congresistas cuyo presidente es el congresista Daniel Abugattás. Este Sub Grupo tiene el encargo de revisar, observar y derogar o modificar los DL en cuestión. Vencido el plazo de trabajo de este Sub Grupo, sus propuestas pasarían al pleno para su aprobación.

Chávez explicó que si bien los cuestionamientos de la oficina de gobierno norteamericano se centran en aspectos específicos del DL 1090, los de la sociedad civil peruana son aún más amplios y cubren aspectos de forma y fondo. Diferentes foros públicos con representantes de los diferentes actores sociales, públicos y privados del sector han coincidido en señalar la inconstitucionalidad del DL 1090 por no haber incluido la consulta a las comunidades indígenas afectadas (como obliga el Convenio 169 de la OIT) y poner en riesgo el patrimonio forestal de todos los peruanos.

Nuevo Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Al derogarse este controversial decreto, seguirá en vigencia la actual Ley Forestal, la que recién habría sido derogada al día siguiente de la publicación del reglamento del DL 1090, lo que nunca pasó.

Mientras tanto, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República viene promoviendo la discusión a nivel sectorial y regional del proyecto de ley 2691 de Ley Forestal y de Fauna presentado por la Congresista Elizabeth León Minaya, a nombre del Grupo Parlamentario Unidad Popular Patriótica. Esta nueva ley – que está siendo debatida en Audiencias Públicas y recoge las propuestas de los diferentes expertos y representantes de la sociedad civil – está orientada al desarrollo sostenible del país, con base en las propuestas de diferentes sectores que generan un marco normativo promotor e inclusivo en el marco del proceso de la descentralización del país.


Para mayor información:

Sandro Chávez, secretario técnico del Colectivo Forestal del Perú.
Celular: 992-065-054