martes, 23 de febrero de 2010


Pueblos indígenas protestaron contra el Informe del gobierno sobre los hechos de Bagua y el retorno de Alberto Pizango

Y a pesar que el gobierno decidió mal en militarizar las principales ciudades de la Amazonía, mientras que en la capital desplegó un inusual número de policías, los pueblos indígenas demostraron que no son violentos y marcharon por calles en forma pacífica en una plataforma que demandaba el rechazo al Informe del Ejecutivo sobre los lamentables hechos de Bagua y el retorno inmediato del Apu Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP.



Al promediar las 4.30 p.m. –y concentrados en la Plaza San Martín del Centro de Lima- los centenares de protestantes iniciaron su camino hacia el Congreso de la República que, convocados por AIDESEP, FRENVIDAS, CNA, CCP, CONACAMI, llevaban como voz de reclamo también el respeto al Convenio 169 de la OIT para que la consulta a los pueblos indígenas sea una acción necesaria e impostergable antes de entregar sus territorios a empresas extractivas.



El Apu Saúl Puerta Peña, secretario nacional de la organización indígena, sostuvo que esta marcha será la primera de un inicio de movilizaciones pacíficas hasta lograr que el gobierno y la ciudadanía de la capital entiendan que los pueblo no están protestando por intereses creados, sino por conservar intacto su territorio ancestral, salvaguardando así la salud del planeta, afectada hoy por el cambio climático debido a la contaminación agresiva de las grandes empresas mineras, petroleras y la tala ilegal de madera.




En Bagua, Jaén y Yurimaguas
En Bagua y Jaén, alrededor de 600 hermanos indígenas partieron desde la Plaza de Armas para recorrer varias arterias de la ciudad, reclamando además de la plataforma de lucha principal, el retiro inmediato de la minera Afrodita de la Cordillera del Cóndor. Cervando Puerta Peña, presidente de ORPIAN, regional de la AIDESEP en la amazonía norte, subrayó que los pueblos aún están de luto por la muerte de 34 peruanos el cinco de junio del año pasado y aseguró que seguirán insistiendo en el diálogo para que el Gobierno atienda las demandas.

Mientras tanto, en Yurimaguas, se movilizaron alrededor de mil manifestantes. En esta zona, los pueblos Shawis, Cocama – Cocamillas, Candoshi salieron a las calles desde la Plaza de Moralillo para recorrer las calles de la ciudad y pedir al gobierno que no siga entregue sus tierras al grupo Romero que está deforestando toda la zona para generar cultivos de biocombustible.




Ver nota en: http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1259

Nueva vergüenza del Gobierno

Hoy 22 de Febrero, la dirigencia de ORPIAN y las rondas campesinas de Nororiente, de forma contundentemente junto con AIDESEP, anunció una movilización pacifica en protesta contra el informe de la infamia acusatorio a los pueblos indígenas, persecucion política a través del Ministerio Público progobierno, libertad de prensa, por la Voz de Bagua y por la libertad del hermano Carrasco; sumados a otros puntos tan importantes, que van con la dignidad del pueblo amazónico.

Para sorpresa nuestra, Chiriaco, la capital del distrito de Imaza, amaneció con un grupo muy significativo de policías, más de lo normal, como unos 100, y nos cuentan que Bagua amaneció igual, con más de 200 policias; es una pena que cuando el pueblo anuncie una movilización pacifica, el gobierno entreguista del capitalismo neoliberal y salvaje de García, conteste con la presencia represiva de la policia, en lugar de buscar canales de diálogo. Acusa a los dirigentes de AIDESEP y ORPIAN como los agitadores, no me sorprende ya que este gobierno y el partido funcionan como la escopeta de dos cañones, siempre fue así y seguirá así.

Por un lado anula en parte las concesiones mineras y sigue tapando y protegiendo a Afrodita para estar bien ante las presiones internacionales, compra a los dirigentes con puestitos y nucleos ejecutores, dividiendo al pueblo con el INDEPA lleno de renegados del AIDESEP y CONAP, y por otro lado persiguiendo a los dirigentes por medio del Ministerio Público, queriendo sorprender al pueblo con esta denuncia que la fiscal Bobadilla a entablado a los "generales" y policías, denuncia endeble que solo es para despistar, ¿quien le va a creer a esta señorita? todavia a ella que en una de sus denuncias dice "un grupo de criminales han asesinado a policías, con posible ayuda del extranjero", de ella no se puede esperar nada!, es antiindígena, lo ha demostrado en todos sus actos.

Si bien las movilizaciones son justas y necesarias, aca en Imaza, la policia esta indagando por un tal Carlos Navas como azuzador al paro, Yo digo que el paro es una movilizacion pacifica. Siempre el sistema de inteligencia de la Policía Nacional esta desfasada y es muy precaria, que pena por ello, no es eficiente, que solo sirve para perseguir dirigentes de la oposición, y el Ministerio Público, en reemplazo de estar persiguiendo dirigentes, luchadores sociales pacificos, que se dedique a denunciar a los funcionarios corruptos del Gobierno Nacional, Regional y Local que son muchos los cuestionados por corrupción y enriquecimiento ilícito sobornos y entre otros.

¡Viva la movilizacion pacifica!
¡Por la dignidad y el respeto a la Amazonia!


Opinión
MARCHA POR EL CANAL 8 - TV ORIENTE

Por: Javier Rubén Medina Dávila

Iquitos (Interlínea).-

El domingo 14, en Yurimaguas, diversas organizaciones sociales de la provincia Alto Amazonas realizaron una movilización a favor de la libertad de expresión y en respaldo de Televisión Oriente Canal 8, clausurada por el gobierno por presuntos incumplimientos a compromisos técnicos de funcionamiento suscritos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando la lectura que todos entienden es que el gobierno cerró esa emisora como sanción por haber dado cobertura y generar opinión –lo cual es su obligación y su responsabilidad como medio- a la protesta indígena y amazónica del 5 de junio del 2009 en Bagua, con un saldo sangriento por ambos lados, tanto entre policías como entre indígenas, que avergonzó al país frente al mundo, ante el cual el Perú se mostró desnudo como nación que vive de soslayo ante determinados grupos humanos, al grado de desatar salvajismos que no deben diferenciarse entre quienes violentaron a sus semejantes con armas blancas o con armas de fuego, porque fue violencia al fin que le estalló en la cara al régimen y a la estructura centralista y racial de nuestra sociedad, que insiste en no querer aprender de esta lección de sangre, la que bien pudo ser ocasión para, en medio de la desgracia, reflexionar sobre cuál es el trato que nos estamos dando entre peruanos, entre gobernantes y gobernados, entre moradores de una u otra región, entre ingas y mandingas que todos tenemos, sea presidente de la república o un ciudadano de a pie, como ustedes o yo.

La reacción de Yurimaguas ante la clausura de un medio de comunicación, como Canal 8, es un primer eslabón social de una defensa del derecho fundamental a la libertad de expresión e información sustentada en la Constitución Política del Estado Peruano y en los principios universales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito.

No es posible, entonces, que una resolución firmada por un funcionario de tercer nivel, se sobreponga a la carta Magna y a los convenios internacionales que reconocen derechos fundamentales para el ser humano, como es el de la libre expresión y opinión, que están en el mismo nivel como el derecho a la vida.

Quizá hubo cierta politización en la marcha de protesta efectuada en Yurimaguas, pero eso no exime los principios valorativos que motivó su convocatoria.

El cierre del Canal 8 tiene intrínseca una lucha de poderes que pasa desde el gobierno central, con el presidente Alan García a la cabeza, hasta los niveles regionales, municipales, empresariales, de organismos no gubernamentales, sociales y religiosos.

No olvidemos que TV Oriente es promovido por el Vicariato Apostólico de Yurimaguas y que desde ese medio se cuestionó la incursión del poder financiero del grupo Romero, sobre tierras reclamadas por comuneros. Esconder como ardid ese conflicto bajo el pretexto del tema Bagua para cerrar a dicha televisora, fue la mejor estrategia que encontró el régimen para acallar una voz incómoda.

La filosofía del Perro del Hortelano contra la Amazonía se desplomó a flechazos y plomazos en Bagua. Su ideólogo no pudo soportar que su visión sobre la Amazonía la destruyeran comuneros indígenas, sencillos pueblerinos amazónicos o periodistas de provincias como los de Canal 8 de Yurimaguas, o los de la Voz de Bagua, o los de radio y televisión Frontera en Pucallpa, a los que también cerraron con pretextos similares, empresas periodísticas que coincidentemente también se manifestaron, con vehemencia tal vez, pero observando la realidad y la razón de lo que fue Bagua, no solo un baguazo sino una expresión de la protesta de la Amazonía peruana, una y otra vez marginada en sus propias propuestas para desarrollarse, amenazada siempre por imposiciones centralistas que solo la ven como una oportunidad para succionarla y enriquecer mundos ajenos.

La movilización de Yurimaguas podría repetirse con más calor, podría replicarse en otras ciudades como Pucallpa, Bagua, Atalaya o el mismo Iquitos, pues todo aquel a quien pretenden taparle la boca a la fuerza, siente la ansiedad natural de gritar.

Pucallpa, domingo 21 de febrero del 2010

FIN

viernes, 19 de febrero de 2010


Tiembla la Amazonía


El último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, señala que en el mes de enero se registraron 260 conflictos sociales, cinco menos en relación al mes de diciembre del año pasado. Asimismo, se dice que el 50% de los conflictos activos se encuentran en proceso de diálogo. ¿Estaremos avanzando? Si bien el diálogo es un primer e importante paso para resolver estos conflictos sociales, ¿cuántos de estos llevan años o meses y todavía no son resueltos? ¿Qué se viene haciendo para prevenir el estallamiento de la violencia como podría ocurrir con algunos conflictos en la Amazonía?

Tres bombas de tiempo
Hace dos días, La República alertó sobre la posibilidad de tres levantamientos indígenas. El primero de ellos se reporta en la zona fronteriza del Cenepa (Amazonas), que es territorio habitado por población Awajun y Wampis, donde los nativos se enfrentan a la ilegal presencia de la minera Afrodita con el objetivo de proteger el Parque Nacional Ichigkat Muja y la Reserva Comunal Tuntanain. Este conflicto social es informado por la Defensoría del Pueblo desde diciembre de 2008. Ante esta situación, como medida de fuerza para que sus demandas sean por fin atendidas, los nativos de esta zona del país han convocado a una movilización para el 22 de febrero próximo.

El segundo conflicto lo encabezan las Federaciones indígenas Secoya (Airo Pai) y Kichwa del Alto Putumayo (frontera con Ecuador y Colombia), quienes se oponen al ingreso de la empresa PETROBRAS para la explotación del lote petrolero 117 porque éste se superpone a la Zona Reservada Güeppí y a las Reservas de Napo Tigre y Napo Curaray en proceso de creación. Este conflicto tiene casi un año informado por la Defensoría (desde marzo de 2009), pero tampoco se avanza en su solución.

Por último, el tercer caso se da en el sur de la Amazonía (entre Cusco y Madre de Dios), donde la etnia Harakmbut intenta impedir que la petrolera Hunt Oil Company ingrese a explotar los recursos del lote petrolero 76 porque afectarían la reserva de Amarakaeri. Este conflicto lo analizamos en el infodiario “Reserva Amarakaeri vs. Hunt Oil y Repsol” el mes de octubre del año pasado, pero la Defensoría ya lo informaba en agosto de ese mismo año.

¿De qué se trata?
Los tres conflictos amazónicos señalados tienen dos características similares: la ausencia de diálogo (consulta previa) del gobierno con la población para llevar a cabo las concesiones mineras y petroleras en territorios amazónicos de gran impacto ecológico (santuarios y reservas naturales) y la falta de planes de demarcación territorial previos al otorgamiento de estas concesiones. Además, como se observa, estos casos llevan más de medio año en agenda y no tienen procesos de diálogo.

¿Qué explica esta situación en la Amazonía? Según el texto, Amazonía Peruana al 2021, las propuestas de “desarrollo” para esta zona del país vienen conformando un nuevo ciclo de explotación desenfrenada de sus recursos, donde las consecuencias sociales y ambientales no son tomadas en cuenta, mientras que las económicas son vistas desde al ángulo solo de la ganancia. Por esto, restablecer el diálogo en estos tres casos es indispensable y, al mismo tiempo un reto, pues la sombra del Baguazo crea dudas en la población respecto a que si realmente se puede alcanzar algún consenso.


Puede visitar: http://www.otramirada.pe/
Está permitida la reproducción y difusión de este artículo siempre y cuando se cite la fuente.

miércoles, 17 de febrero de 2010

La Selva Saqueada

Ponemos a su disposición el "Suplemento Línea", publicado el dia domingo 14 del presente en el diario La Primera, donde muestran que millones de hectareas son entregados a intereses privados, destinados para la explotación forestal o para la produccion de insumos de biocoombustibles.







Tambien lo puede reproducir haciendo click en el siguiente enlace:
http://vocesdelbosque.org/Suplemento_Linea.pdf

lunes, 15 de febrero de 2010


Se pierden US$ 220 millones por la tala ilegal en Perú

"Ahora van a fiscalizar la extracción de madera en 7 millones de hectáreas de bosques, sobre todo de cedro y caoba"


Cada año nuestro país pierde 220 millones de dólares por tala ilegal de especies selectivas como el cedro y la caoba. A raíz de ello, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) en enero de 2010 inició la fiscalización de más de siete millones de hectáreas de bosques de producción permanente. Precisamente, en el Perú existen 556 concesiones forestales maderables, que equivalen a 7,1 millones de hectáreas.

El año pasado se efectuaron 78 supervisiones a concesiones forestales y se detectó que 46 incumplieron los contratos suscritos con el Estado, por lo que se les ha iniciado Proceso Administrativo Único (PAU), que podría culminar con la declaratoria de caducidad.

La nueva etapa de supervisiones se inició el jueves 28 de enero en la concesión forestal maderable Pumaquiro S.A.C., ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios.

Hasta ese lugar llegó un grupo de ingenieros forestales comandados por el presidente ejecutivo del Osinfor, Richard Bustamante, y por el director de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, ingeniero José Ríos, quienes, luego de sortear las inclemencias del clima y de cruzar las caudalosas aguas del río Yaverija, evaluaron los árboles, los patios de trozas y las actividades de tumba y arrastre de la madera, con la finalidad de constatar que se cumpla con el plan operativo anual y con el programa general de manejo forestal. Anteriormente, esta concesión fue sancionada por una falta leve, pero ya han levantado las observaciones que se hicieron.

Fuente: Peru.21;
http://peru21.pe/noticia/415094/se-pierden-us-220-millones-tala-ilegal-peru

jueves, 4 de febrero de 2010


"Urge promover la transparencia en el sector público forestal"

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PLANTEA NECESIDAD DE CONTAR CON
UNA AUTORIDAD NACIONAL FORESTAL AUTÓNOMA


Nota de Prensa Nº 021/OCII/DP/2010

Se requiere consolidar el proceso de descentralización en materia forestal.


A fin de mejorar la gestión de los bosques naturales y promover el comercio legal de los productos madereros, urge fortalecer la institucionalidad en el sector público forestal y contar con una autoridad nacional forestal totalmente autónoma, tanto técnica como presupuestalmente, así como alentar la transparencia en el sector, afirmó hoy, Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

“Esto no solo implica otorgar un mayor nivel jerárquico a la autoridad nacional forestal, sino también asegurar que su diseño le permita contar con la autonomía necesaria para desarrollar eficazmente sus funciones, promoviendo prácticas que destierren la corrupción”, manifestó el funcionario tras la publicación del Informe de Adjuntía denominado “El Estado Peruano y el Aprovechamiento Sostenible de los Bosques Naturales”.

Lanegra Quispe indicó que de acuerdo al referido documento resulta fundamental también fortalecer y consolidar el actual proceso de descentralización en materia forestal en el que se encuentran los gobiernos regionales. Recordó que en noviembre del año pasado sólo San Martín y Loreto efectivizaron la transferencia de funciones, siendo los únicos que lo han hecho a la fecha.

Asimismo, reiteró que, ante la necesidad de promover la transparencia y prevenir la corrupción, se debe implementar también el Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal (CONAFOR) con la finalidad de legitimizar las Políticas Forestales a través de espacios en los que participen todos los actores involucrados. De esta manera, manifestó, se incentivará la transparencia en la toma de decisiones relativas a la planificación y manejo de los recursos forestales.

“Del mismo modo el sector forestal debe ser incluido en el Plan Nacional Anticorrupción de la Presidencia del Concejo de Ministros, así como en el ConsejoNacional Anticorrupción del Ministerio de Justicia”, subrayó.

Por otro lado, el funcionario resaltó algunos avances constatados durante el estudio realizado, como la creación de nuevas entidades publicas como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).

Finalmente, reconoció el trabajo que viene desarrollando la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre respecto a la Consulta Nacional para elaborar la Política Nacional Forestal y la actualización de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, esfuerzo que viene siendo coordinado entre las instituciones del Estado y la sociedad civil.

Lima, 03 de febrero de 2010.


Oficina de Prensa e Imagen Institucional

lunes, 1 de febrero de 2010


"El informe sobre Bagua es sesgado"


Por: Mariella Balbi

¿El informe sobre los sucesos de Bagua es parcializado o adecuado?
Dice algunas cosas claramente falsas. Como cuando se refiere al obispo de Yurimaguas y a unas críticas que dice que Aurelio Pastor le hace. Lo he leído con la mayor objetividad, pero es un informe sesgado, que busca —como se dice— lavarle la cara al gobierno. Deja la impresión de que toda la responsabilidad recae en los indígenas, pese a que la policía y el Estado tienen —a mi entender— una responsabilidad mucho más grande.

Los responsabiliza de la muerte de los policías; ellos lo hicieron.
La responsabilidad del asesinato no es por el minuto en que se dispara la AKM, sino por el conjunto de los hechos sucedidos. Hay que buscarla desde el comienzo. El origen fue un reclamo justo. Internacionalmente la defensoría, el Tribunal Constitucional lo aceptan así. El informe cuenta todo ese desarrollo pero de una manera superficial. También falla cuando habla de la idiosincrasia de los awajun y los wampis. No toca con profundidad dos conceptos fundamentales para entender lo ocurrido. El concepto de territorio de los nativos es cualitativo, de sentimientos, no de metros. La tierra engloba a sus antepasados, el cerro; la cascada tiene un sentido. Otro aspecto mal tratado es el significado de la venganza. No es como para ti, para mí, que es por el odio. Para ellos es cuestión de honor, de la familia. Si no vengan la muerte de un familiar, están faltando a algo muy importante. Los que son cristianos no aceptan eso; hay apus catequistas que buscan que en lugar de matar se otorgue una compensación, no tanto en dinero, sino en cosas útiles. Pero para los que no son cristianos es cuestión de honor.

¿Cómo explicar la masacre de los policías de la Estación 6?
No justifico ese hecho. Probablemente cuando escucharon que había indígenas muertos en la Curva del Diablo, tomaron represalia contra los policías de la Estación 6. Algunas radios y periodistas, no radio Marañón que es del vicariato de Jaén, exageraron sobre el número de muertos. La prueba de ello —según parece— es que no mataron a todos los policías sino al número de muertos que creían que ellos tenían. Esa es su mentalidad, se les ha juzgado con la nuestra. Es una disyuntiva difícil. Poco se conoce la Amazonía. Cuando vinieron ministros acá varios dijeron que nunca habían estado en la selva.

El informe dice que “hubo apresuramiento y falta de tacto del Ejecutivo”. ¿No mejora su impresión?
No digo que todo sea malo, pero eso no equilibra las cosas. El conjunto no está balanceado sino a favor de la policía y del gobierno. Esa frase no compensa el sesgo.

También indica que “algunos miembros de la Iglesia, ronderos y nacionalistas no cumplieron con su rol pacificador, se parcializaron y en algunos casos exacerbaron los ánimos”.
Es una falta de información brutal y no tienen idea de lo que ha hecho la Iglesia ahí. El comunicado del Consejo Aguaruna (awajun), Huambisa (wampis) dice que el vicariato de Jaén nunca ha promovido la violencia. Yo llegué a Jaén hace cuatro años; antes de ello el consejo no era pro vicariato, eran muy críticos a lo que ellos llamaban “el poder de los misioneros”.

¿Y exacerbaron los ánimos?
No. Nosotros hemos enviado víveres a los nativos, no solo en la última movilización

¿No facilitaban las cosas a quienes bloqueaban la carretera?
Los critican por ello.Espere, espere. Yo no estoy de acuerdo —y siempre lo he dicho— con la toma de carreteras. Pero ellos llevaban mucho tiempo ahí y estaban muertos de hambre y de sed. Aunque la acción sea mala, no puedes dejar de ayudarlos. Tampoco es que se les llevó víveres constantemente. Estuvieron cincuenta y tantos días ahí.

Tal vez se hubieran retirado más rápidamente.
Eso es muy cruel, muy inhumano. No va con un sentido cristiano de la vida. Estoy seguro de que Jesús los habría animado a que se fueran, y yo lo he hecho hasta el último momento, pero él los habría asistido. No tenían agua; es una acción humanitaria. Le explico sobre los misioneros. En Santa María de Nieva, dentro del vicariato, no todos ven la cuestión del petróleo de la misma manera. Yo discrepo de una oposición radical y absoluta a la explotación petrolera. Hay otro sacerdote que está en desacuerdo con la explotación, apoyándose en otras experiencias, viendo la contaminación de los ríos. Pero, vamos, es algo opinable. No es que haya hecho mítines, ni nada. Cuando le preguntaban daba su opinión personal. Yo daba una distinta; me han acusado de obispo pro minero y pro petróleo. Según el informe, el 14 de mayo, un periodista de radio Marañón, del vicariato de Jaén, se pronuncia en contra de la explotación en una reunión. He preguntado por eso y me han dicho que no fue él. En general yo he discrepado de él; es muy confrontacional. Pero decir que se han exacerbado los ánimos es una exageración. Mire, tres días después de los lamentables sucesos no dejaban subir a la Curva del Diablo. Yo le dije al general Miranda que levantara la prohibición porque las especulaciones crecían y se estaba inventando de todo. Aceptó, y luego jefes policiales me pidieron mi bendición.

Un sacerdote dijo que había cientos de desaparecidos.
Eso fue luego del 5 de junio. Él declaró: “dice la gente que…” Luego, además, ofreció disculpas. Yo di la orden de que radio Marañón no propalara noticias si no estaban totalmente confirmadas. De otras radios no sé.

Se insinúa que miembros de la Iglesia gestaron el paro.
No, no. Eso es no conocer a los indígenas. Los awajun y wampis no se dejan manejar, tampoco por Aidesep.

El informe se pregunta por qué la violencia estalló en Bagua y no en otros lugares.
Tal vez porque es gente con mucha garra, tienen mucho liderazgo. En otros sitios no se reunieron 2.000 personas como aquí. Había una multitud que se les escapó a los apus, perdieron el control. Fue el desconcierto absoluto. Cuando los apus me contaban lo ocurrido veía el sentimiento de pena, de no entender qué pasó. Un indígena me dijo con gran pesadumbre: “Monseñor, lo que más pena nos da es que nos hemos matado entre hermanos”. Lo ocurrido ha desunido mucho a la gente, porque hay quienes tienen apetencia política; no los líderes de la zona nuestra.

La hermana Maricarmen Gómez y el dirigente Jesús Manasés no firmaron el informe sobre Bagua. ¿Los respalda?
Sí, el informe es sesgado. A ellos les han dado un plazo prudencial para estudiar más la enorme cantidad de testimonios que tienen y hacer un informe en minoría. Las observaciones del padre Álvarez me parecen adecuadas. No sé por qué firma el informe, sus observaciones le quitan autoridad a este.

¿Monseñor Irízar, que estuvo en la mesa nacional, aprueba el informe?
No, los que están más cerca de la selva y conocen a esta gente no lo aprueban. Hay algo que no se entiende bien; la labor de las otras mesas ha concluido, pero sus informes no han sido terminados.

¿El informe sobre Bagua servirá para la reconciliación y para conocer la verdad?
Tal como está, no creo que sirva para ello.

¿Cree que se pudo evitar tanta muerte?
Si la policía hubiera esperado, sí. Ellos se iban a retirar. Me lo dijeron apus en los que confío totalmente porque conozco a algunos. El acuerdo fue levantar el bloqueo; incluso movilizaron camiones en la noche del 4 de junio.

¿Cómo se tomó la expresión del presidente García sobre que los indígenas no eran ciudadanos de primera categoría?
Fue un disparate que Alan García les dijera que eran de segunda categoría, por más que luego lo explicaran les dolió muchísimo.

LA SITUACIÓN DE LOS DEUDOS DE INDÍGENAS MUERTOS
“Hay que indemnizar, no con dinero, con educación”

¿Las mesas convocadas por el gobierno servirán de algo?
Desde mi esperanza cristiana quiero creer que sí. Dios no puede permitir que todo el dolor que ha habido se quede sin más. Mi interés como obispo y el de mis colegas es buscar el modo de ayudar a tener un diálogo verdadero; esto no se puede hacer en dos meses. Nos vamos a reunir los obispos de la selva y lo plantearé. Queremos sentarnos con el jefe del Gabinete y los ministros para decirles que hace falta escuchar, que no tengan una idea cerrada.

Un primer paso sería que se reúnan la Iglesia, el gobierno y los indígenas.
No tengo un bosquejo. Sí la absoluta seguridad de que sin diálogo no avanzamos. Dialogar no es hablar, es entender lo que piensa y siente el otro. No veo ese deseo. Temo que finalizadas las mesas no haya continuidad y que todo se quede ahí.

La Asamblea Episcopal se reunió esta semana. ¿Respaldan el informe sobre Bagua?
Tocamos el tema de la Amazonía, pero no ese punto. Se acordó que los obispos de la selva pediremos una entrevista con el presidente García para conversar sobre la necesidad del diálogo como forma de encontrar soluciones. Elaboraremos también una carta pública sobre este tema.

Amazonas tiene más del 50% de pobreza.
Yo para los números no valgo, pero es muy pobre. Vea cómo están las carreteras, las postas, las escuelas. La mayoría de escuelas las ha hecho el vicariato. Mire, fracasó una fábrica de conservas porque era carísimo sacarlas. Mientras no haya carreteras, agua, luz, escuelas, esa pobre gente no tiene modo de vivir. Todos quieren que sus hijos salgan de ahí. El peligro es que cuando llega una empresa ofrece plata a algunos dirigentes, y como la necesitan, pues se venden.

¿La minería y el petróleo son actividades depredadoras del medio ambiente?
En nuestra zona no hay, pero por lo que dicen el petróleo contamina los ríos, las minas de oro también. Cuando fuimos al congreso un indígena de la zona del Cenepa dijo: “¿Si se descubre que en Machu Picchu hay una mina de oro, aceptarían que se explotara? Para nosotros ese cerro del Cenepa es sagrado, no podemos aceptar que se toque”. Es algo que hay que entender.

¿Existen más videos sobre los sucesos de Bagua?
Yo tengo un video del vicariato de Jaén. No tiene nada que ver con esa foto publicada del mayor Bazán. Lo hemos entregado a la fiscalía. Hay una imagen del padre Ramos, rezando ante tres cadáveres, con gente alrededor. Otra es de gente en la carretera. El resto son tomas en el cerro con gente que corre, pero no se ve con nitidez. Una parte está negra; no sé qué ha pasado.

¿Sería interesante saberlo?
Sí, como va a ir el juez a tomarme declaraciones el 12 de febrero, preguntaré.

¿Qué sucedió en la Curva del Diablo, según usted?
De lo que me han contado los apus que estuvieron ahí, parece que los policías subieron al cerro; al verlos los indígenas que estaban cerca tiraron sus bombardas, alertando a otros que subieron. Según el informe, un grupo de indígenas fue “empujando” al mayor Bazán y su gente hacia el precipicio. Ellos cruzaron sus lanzas, pero normalmente no las llevan para atacar a nadie; es un símbolo de fuerza, de guerra. Un policía comenzó a disparar; no sé si por órdenes o espontáneamente y cayó Santiago Manuin. Él no es apu, pero es un líder con gran autoridad moral. Entonces ellos cercaron a esos policías, cogieron sus armas y les dispararon a matar.

Ahí desaparece o muere el mayor Bazán. ¿Presume que ha muerto?
No creo que esté en una comunidad, me parece muy difícil. Ningún apu me ha contado sobre el mayor Bazán. Cuando he preguntado por pistas me han dicho: puede ser que cayera en el precipicio de la Curva del Diablo, puede ser en Cerro Colorado, en el río. Pero todo es “puede ser”.

¿Se debe dar indemnizaciones a los familiares de los indígenas muertos?
No sé si cabe según la justicia occidental. Pero si se quiere comenzar un diálogo bueno, hay que darlas. No dinero, sino educación. Sería un gesto, ellos quieren el diálogo y la explotación, pero sin afectar el medio ambiente.

Ver en: http://elcomercio.pe/impresa/notas/informe-sobre-bagua-sesgado/20100201/408097




Los biocombustibles y el hortelano

Por Humberto Campodónico

En el 2008, el Perú importó alimentos por US$ 1,700 millones, siendo los más importantes la soya (para el aceite), el trigo (pan y fideos) y el maíz (para el pollo). De enero a noviembre del 2009 se importaron US$ 1,200 millones. La baja se produjo, sobre todo, porque cayeron los precios en el mercado internacional.

El alza de los precios internacionales de los alimentos en el 2008 (debido a la especulación financiera) provocó un fuerte aumento de la inflación (6.6%), lo que motivó, de un lado, que se opinara que la economía estaba “sobrecalentada” y, de otro, que el presidente García trajera al ministro Valdivieso, leñador del FMI, para que reduzca el presupuesto a hachazos. Lo que hizo a toda viada.

En el 2009 el Perú comenzó a importar biodiesel, porque así lo manda la Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles, que establece que el 2% del diesel que se vende en el país tiene que ser biodiesel, mientras que el 98% restante sigue siendo petróleo. A partir de este año la gasolina entra a la danza, ya que el 7.8% tendrá que ser etanol (que viene de la caña de azúcar), mientras que el 92.2% restante será petróleo.

Esta política parte de un supuesto teórico: como los biocombustibles contaminan menos que el petróleo, su sustitución implica consumir combustibles más limpios. Pero, ojo, esa es la teoría porque existen estudios científicos que dicen que para producir el etanol o el biodiesel se consume energía contaminante (tractores, ingenios, fertilizantes, entre otros) que hacen que al final el biocombustible salga tas con tas con el consumo de petróleo, o que solo sea ligeramente positivo.

Lo que sí es seguro es que la Ley 28054 ha creado un mercado obligatorio y cautivo para los biocombustibles, en las proporciones señaladas. Y ese mercado está impulsando importantes negocios. Según Maximixe, en el 2009 se importaron 469,000 galones de biodiesel por US$ 52.4 millones, lo que abasteció el mercado en un 84%. El precio de importación promedio fue US$ 111/barril, lo que resultó más caro que el precio promedio del diesel en el 2009, que fue de US$ 85 por barril.

Así, los usuarios están pagando más. ¿Quién se beneficia? Ni más ni menos que los exportadores norteamericanos que, de un lado, están subsidiados por su gobierno y, de otro, entran al Perú con arancel cero por el TLC con EEUU.

Pero como este año ya entran los campos de Industria del Espino (Grupo Romero va a producir el 49%), Heaven Petroleum (el 41%) y Pure Biofules (el 10%), el gobierno, vía Indecopi, ya le puso una sobretasa al diesel importado para que puedan hacer frente al subsidio gringo. Asombra la rapidez con la cual los “biodieseleros” locales lograron esta corrección contra la competencia desleal, pedido que los productores nacionales de hilados y confecciones han hecho en múltiples oportunidades (contra el subsidio chino e indio). Pero ellos no son Romero, pues.

¿Y qué pasa con el etanol de la caña de azúcar? Pues hasta el momento hay un solo productor, la Empresa Agrícola del Chira, del Grupo Romero, que en diciembre del 2009 realizó su primera exportación de 6,320 TM a Holanda por US$ 6.2 millones. ¿Es que en el 2010 va a vender en el Perú? No. Dice Maximixe que “la empresa tendría comprometido casi el total de su producción del 2010 para la exportación que generaría ventas por US$ 85 millones” (http://www.maximixe.com/). ¿Se importará etanol, entonces?

Y aquí volvemos al principio. ¿Puede un país importador de alimentos usar la tierra, no para alimentar a su gente, sino para exportar combustibles al extranjero y no producir alimentos sino combustibles más caros que todos pagamos? ¿Es que un país puede darse el lujo de no tener una política de soberanía alimentaria justo cuando las tierras escasean a nivel mundial y los precios de los alimentos pueden volver a subir en cualquier momento? Sí, porque estamos en el Perú, en la tierra del hortelano.

Lo puede ver en: http://www.larepublica.pe/cristal-de-mira/01/02/2010/los-biocombustibles-y-el-hortelano