PRONUNCIAMIENTO

GOBIERNO INTENTARÁ SOLO MODIFICAR DL 1090, 1064 Y OTROS, PESE A DEMANDA DE DEROGATORIA DE GOBIERNOS REGIONALES, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, CONGRESISTAS Y SOCIEDAD CIVIL

Ante la instalación, en el Congreso de la República, de la Mesa de Diálogo que durante 15 días evaluará y analizará los Decretos Legislativos 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090, emitidos por el Ejecutivo supuestamente para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el Colectivo Forestal del Perú reitera la necesidad de derogar tales decretos y reemplazarlos por leyes de consenso fruto de procesos participativos que incluyan a todos los actores del bosque. Estos decretos han originado diversas protestas de los Pueblos Amazónicos, así como los irrefutables pronunciamientos de la Sociedad civil organizada, Universidades, Colegios de Ingenieros, Gobiernos Regionales, Obispos amazónicos, Pueblos Indígenas, Defensoría del Pueblo y entre otros.

Consideramos importante alertar a la opinión pública nacional e internacional, que el Gobierno central estaría generando las condiciones para modificar sólo la forma – mas no el fondo – de los Decretos Legislativos en cuestión, para proteger así los intereses de los grupos económicos que dieron origen a estas cuestionadas normas. El gobierno ya intentó antes – sin éxito – calmar las protestas y pronunciamientos con algunos cambios en los reglamentos respectivos.

Estos Decretos Legislativos tienen tremendas limitaciones. Por ejemplo el DL 1090 presenta artículos que colisionan con la Constitución del Perú, mantiene una visión forestal desactualizada y con énfasis solo en la extracción de madera, excluye a los pequeños productores forestales, las Comunidades indígenas y campesinas – entre otros actores que necesitan normar sus actividades forestales –, debilita la Autoridad Forestal Nacional, es permisiva con la comercialización de madera de origen controversial – lo que institucionalizaría la ilegalidad –, no avanza en los compromisos asumidos por el Gobierno Peruano frente a la implementación del TLC – por el contrario, lo pone en riesgo – y genera un retroceso respecto al proceso de descentralización en la gestión y control forestal.

Por tanto:
Consideramos, que es inviable resolver las serias imperfecciones del DL 1090 y de otros DLs, con sólo algunas modificaciones en su texto, por que ello no le daría la coherencia legal que una verdadera Ley Forestal y de Fauna Silvestre necesita. Así mismo, es indispensable solucionar una serie de ausencias normativas sobre las que ya hay importantes aportes de diferentes sectores de la sociedad.

Frente a ello:
Exhortamos a la Mesa de Diálogo instalada en el Congreso a considerar lo siguiente:
1. Recoger el conjunto de pronunciamientos y propuestas que ya se han venido expresando en el país respecto a estos DLs que argumentan categóricamente la necesidad de su derogatoria.
2. Tomar en cuenta la prolongación del ATPDEA que EEUU ha realizado hace unas semanas, lo que alivia la presión de tiempo para cumplir con los requisitos de mejoras legales requeridos para la implementación del TLC suscrito entre el Perú y EEUU.
3. Invocar a las Comisiones del Congreso que tienen Proyectos de Ley alternativos a estos DLs, como el Proyecto de Ley 2691 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre de consenso) a que aceleren su trabajo de Dictaminar para que el pleno las apruebe de inmediato.

Convocamos a todos los Pueblos Amazónicos y actores forestales de la Costa, Sierra y Selva a estar alertas ante la posibilidad de cualquier intento de modificaciones intrascendentes a estos Decretos Legislativos que de aplicarse causarán un gran daño a la biodiversidad y al desarrollo de los pueblos del Perú.

¡¡¡Por la Defensa de nuestros Bosques y su Biodiversidad, Construyamos el Desarrollo Sostenible de nuestros Pueblos!!!

14 de Noviembre del 2008

Colectivo Forestal del Perú

ACERCA DEL ESCÁNDALO DE LOS NARCOMADEREROS: LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Por: José Álvarez Alonso

El ingreso de capitales provenientes del narcotráfico en la actividad maderera ha tenido graves consecuencias para la Amazonía, de carácter social, económico y ambiental. Algunas quizás podrían parecer sorprendentes para algunos. La primera y más obvia es la distorsión de la actividad maderera con el ingreso de personas inescrupulosas, ajenas a la actividad y con prioridades de lavado de dinero antes que de gestión forestal. Quien está lavando fondos de origen criminal es un candidato idóneo para violar la ley, y es conocido que los taladores ilegales más agresivos, incluyendo los involucrados en el saqueo de caoba y otras maderas finas en áreas protegidas y territorios indígenas, suelen ser los que tienen fama de estar involucrados con las mafias del narcotráfico. Para esta gentuza se ha acuñado el término de “narcomadereros”, y son conocidos por sus prácticas prepotentes, violentas y chantajistas con las autoridades que se atreven a enfrentárseles. También son conocidos por el maltrato a las comunidades nativas y campesinas, a quienes pagan precios bajísimos (o no pagan) por su madera, y a sus propios peones, explotados frecuentemente de forma inhumana.

En muchas zonas de la selva, la actividad maderera se ha convertido en la tapadera o coartada perfecta para las actividades relacionadas con el tráfico de drogas: no es fácil disimular o justificar movimientos masivos de hombres, lanchas, deslizadores e insumos a zonas apartadas, especialmente en la frontera, sin despertar inmediatamente sospechas. Pero en estas zonas remotas la actividad maderera puede parecer algo normal, y una lancha con combustible para tractores, botes y motosierras puede también transportar discretamente los insumos para el procesamiento de la hoja de coca.

Algunos todavía recuerdan las suspicacias que despertó el interés que mostraron algunos madereros para que fuesen consideradas para concesiones forestales zonas conocidas como “rojas” (por ser pasajes de tránsito de droga hacia países vecinos cultivos de coca o por tener cultivos de coca). Lamentablemente, el INRENA diseñó en su tiempo el Mapa de Bosques de Producción Permanente sin consultar con muchos otros actores, especialmente a comunidades campesinas e indígenas y a expertos locales, y se dejó influir casi exclusivamente por uno solo de los actores en juego, con resultados nefastos. Hoy, al tema de la “narcomadereada” se suma el grave problema de las superposiciones de concesiones con comunidades preexistentes (aunque no tituladas, como la mayoría de las de la selva baja).

La segunda consecuencia de este letal matrimonio entre droga y madera es la competencia desleal con los empresarios formales y honestos, que aunque alguno no lo crea, todavía existen: es obvio que para quien maneja ingentes sumas de dinero fruto de una actividad ilegal no tanto le interesa ajustar márgenes de ganancia como lavar rápidamente el efectivo, introducirlo en los circuitos legales a través de una empresa, aunque sea a costa de algunas pérdidas ocasionales. La actividad maderera ha sido un candidato ideal para esto, por la informalidad generalizada que existe, y por la posibilidad de disfrazar grandes márgenes de ganancia, sobrevaluando costos operativos y otros aspectos que no pueden ser sustentados documentalmente debido a las características de la actividad (los peones forestales no emiten recibo por honorarios, por ejemplo).

Según dicen los conocedores de este mundillo, comprar una serie de maquinarias y equipos forestales (tractores, motosierras, remolcadores, chatas, aserraderos portátiles) y meterlos a trabajar por los ríos y montes es una forma relativamente fácil de lavar dinero de origen ilícito. No importa si la extracción mecanizada no es rentable en bosques con poca caoba (como ocurre en Loreto), lo que importa es introducir el dinero “sucio” a los circuitos legales. La selva está llena de esqueletos de tractores forestales abandonados porque ya cumplieron su función de ayudar a blanquear dinero ilegal. Y ahí tenemos como resultado a una industria “subvencionada” en buena medida por el lavado de activos, que distorsiona el mercado de maderas tirando con frecuencia los precios al suelo con sobre oferta o prácticas de “dumping”, y que compite deslealmente con quienes con mucho esfuerzo acumularon e invirtieron unos ahorros o hicieron un préstamo para ganarse la vida decentemente en esta actividad.

Finalmente, la tercera de las secuelas de la letal alianza droga-madera tiene que ver con el impacto ecológico: el uso masivo de equipos pesados como los tractores forestales, sumamente caros y con muy alto costo de mantenimiento, ha provocado un impacto terrible en los bosques amazónicos. La extracción maderera en general, y la mecanizada en particular, se han sobredimensionado artificialmente con la inyección de activos del narcotráfico, impulsando la extracción masiva de maderas en áreas remotas donde nunca antes había existido ese tipo de actividades, y donde no hubiese sido probablemente rentable sin la distorsión del lavado de narcodólares.

Los últimos bolsones de caoba remanentes en zonas de frontera, en áreas sumamente inaccesibles, y en áreas protegidas, han sido explotados por este tipo de pseudoempresarios, con grave impacto para la biodiversidad y para las comunidades indígenas, que han visto depredados sus últimas reservas de madera y fauna silvestre. Los últimos indígenas en aislamiento voluntario existentes en la frontera de Perú con Ecuador y Brasil han sido expulsados de sus territorios por estos indeseables, ante la anuencia cómplice del Estado, que se resiste a admitir su existencia mientras aplaude el “incremento” de las exportaciones de madera, aunque sea manchada con sangre y apestando a droga. La actividad maderera descontrolada ha sido identificada como una de las causas principales de la dramática disminución de la fauna silvestre en la selva, ya que los madereros se abastecen de carne de los animales de la selva, y suelen cazar también para complementar sus ingresos con la venta de la carne de monte y de cueros. La extracción forestal mecanizada, en todo caso, es la que se lleva la palma, porque altera gravemente el hábitat al destruir hasta un 10-30% del vuelo forestal cuando se aprovecha 5-20m³/ha (lo que ocurre si se tala una amplia gama de maderas duras), y colmata y contamina cabeceras de quebradas vitales para la reproducción del pescado. La disminución de la fauna silvestre y del pescado está provocando, a su vez, un incremento inusitado de la desnutrición infantil entre las comunidades indígenas y campesinas, llegando en algunos casos a afectar a más del 60% de los niños en edad escolar.

Otra razón más para acabar de una vez por todas con la lacra de los narcomadereros.

Velásquez Quesquén pide al PremierYehude Simon suspender la reglamentación e implementación de los DL 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 para su evaluación y análisis.

Politica
"Derogar decretos lesivos es meta de amazónicos"
Dice que pedirán aprobación de proyectos que modifican DL 1090 y 1081.
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=37050&Itemid=32

"Sí o sí debe haber derogatoria de los decretos legislativos atentatorios contra el pueblo amazónico" aseguró enfáticamente a EXPRESO la presidenta del Frente Patriótico de Loreto, Eva Matute, al referirse a la reunión que sostendrán los dirigentes de los Frentes Amazónicos el próximo martes con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y los congresistas amazónicos en la sede del Legislativo.

En dicha cita se buscará de rogar aquellos decretos legislativos considerados lesivos para la amazonía peruana, y conseguir la aprobación de dos proyectos de ley: el 2691 y 386, que plantean una salida alternativa para los DL 1090 y 1081, respectivamente. El primero fue propuesto por el congresista por Ucayali, Rójer Nájar y se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos; el segundo es iniciativa de la congresista Elizabeth León, el mismo que se encuentra con dictamen favorable en la Comisión de Agricultura.

Matute dijo que de aprobarse cualquiera de esos dos dispositivos legales, la huelga amazónica indefinida se postergaría hasta abril del próximo año, cuando se realice la IV Cumbre Cumbre Amazónica en Tarapoto. "Esa sería la fecha límite de tregua que le damos a este Gabinete", precisó al resaltar el compromiso de Simon Munaro para atender sus demandas mediante la instalación de una mesa permanente de diálogo.

Reunión
Ayer se realizó una reunión en la sede de la PCM con autoridades del Alto Amazonas y el jefe del gabinete ministerial, Yehude Simon, en la cual éste último se comprometió, entre otras cosas, a visitar Yurimaguas el próximo 24 de noviembre, así como a convencer a la bancada oficialista de que respalde las dos iniciativas legales antes mencionadas.
DIANA DE LA CRUZ NÚÑEZ

El dato
Mañana sábado se tiene previsto la realización de la Asamblea de los Pueblos, donde participarán todos los dirigentes amazónicos, incluyendo Alto Amazonas. Será a las 8:00 de la mañana. Ahí se informarán los avances que están teniendo en lo que se refiere a las negociaciones con el gobierno

Contraloría interviene al INRENA por beneficiar tala ilegal

La Contraloría General de la República decidió intervenir al Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) para investigar y realizar la auditoria correspondiente a la gestión de altos funcionarios comprometidos con beneficiar a taladores ilegales.

“No sólo lo del Yavarí es escandaloso. Hay otros concesionarios que sacan madera fuera de sus parcelas de manera ilegal. Las autoridades deberían ser más firmes” indicó Paul McAuley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL).

“Los beneficiados con esta escandalosa decisión son poderosos madereros, dedicados a la extracción ilegal de especies maderables, como caoba y cedro. Estamos hablando de 120 millones de soles”, señaló, el hermano Paul.

Recordemos que el 23 de setiembre, en La Voz de la Selva Noticias y posteriormente en conferencia de prensa se hizo pública la denuncia contra los actuales funcionarios de Inrena-Lima, encabezados por José Luís Camino Ivannisevich, Jefe nacional de esta institución.

En la denuncia se hablaba de miles de metros cúbicos de cedro y caoba, maderas en peligro de extinción, y que por su calidad tienen un alto precio en el mercado nacional e internacional. Estas especies han sido extraídas ilegalmente por 11 concesionarios forestales de la región Loreto, concretamente de la zona del Yavarí, entre mayo del 2006 y abril del 2007.

De acuerdo a documentos oficiales del INRENA los concesionarios forestales incurrieron en delitos graves ya que durante la inspección ocular a sus concesiones no se encontraron indicios de trabajos de censo ni de actividades de aprovechamiento. Del mismo modo no se ha constatado la delimitación de la Parcela de Corta Anual descrita en el Plan Operativo Anual.

Además, el informe de los inspectores de Inrena señala: “No se ha encontrado árbol ni tocón de cedro, ni otras especies que muestran evidencias de ser censados, con lo cual queda evidenciado que la información presentada por el titular de la concesión forestal de contrato es falso”.

Esto corrobora la afirmación en el sentido que la madera extraída por los 11 concesionarios supervisados, es ilegal, por lo que la madera fue inmovilizada en noviembre de 2007.

Pero ese no era el único motivo para que Inrena proceda a inmovilizar la madera. Según la Séptima Disposición Complementaria de la Ley 27308 se dispone declarar en veda por diez años, la extracción de las especies maderables caoba (Switenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata) en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y el Purús, así como en otras áreas declaradas o por declararse mediante Decreto Supremo.

Pero, para sorpresa de todos, la jefatura nacional del Inrena decidió sacar del puesto al entonces Intendente Forestal y de Fauna Silvestre, Edgardo Lizárraga Leguía quien había dispuesto la inmovilización de la madera extraída en forma ilegal de la cuenca del Yavarí, frontera con Brasil.

Igual suerte corrió Nélida Barbagelata Ramírez, Administradora Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Iquitos, quien fue la encargada de aplicar sanciones administrativas contra los concesionarios de la cuenca del Yavarí.

En marzo de 2008, el nuevo jefe de Inrena, José Luís Camino Ivannisevich, publicó en el diario oficial El Peruano la resolución jefatural Nº 076-2008, mediante la cual deja sin efecto la resolución que había dispuesto inmovilizar la madera en la cuenca del Yavarí, porque, según señala, la veda dispuesta en la Ley 27308 no alcanza a concesiones donde existen planes de manejo.

Sin embargo, Camino Ivannisevich no tomó en cuenta las inspecciones donde se confirma que la madera tiene procedencia ilegal ya que no fueron extraídas de las concesiones en la cuenca de Yavari.

La dudosa actuación de los nuevos funcionarios nacionales de Inrena se evidencia con el nombramiento de Antonio Pesantes Rebaza como Administrador Técnico Forestal de Iquitos, cuando éste ocupada el cargo de Director Nacional de Administración y Control Forestal de Inrena.

Pesantes Rebaza solo estuvo un mes en el cargo, tiempo en el cual sacó la resolución administrativa 024, mediante el cual ejecuta la orden emanada desde Lima, es decir devolver la madera ilegal a los 11 concesionarios forestales, consumándose así la ilegalidad.


Disponible en: http://www.servindi.org/archivo/2008/4933

Gobiernos regionales y pobladores de la Amazonía exigen derogatoria de "Ley Forestal"

Los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Amazonas, respaldados por sus respectivos pobladores, realizaron en Iquitos una audiencia en la que acordaron exigir al gobierno central la derogatoria del Decreto Legislativo 1090, o "Ley Forestal", por atentar contra los pueblos amazónicos.

En Diálogo Ambiental, el presidente del Foro Ecológico del Perú, Sandro Chávez, dijo que la audiencia fue un éxito total, pues contó con la presencia de más de 400 personas interesadas en la protección de su medio ambiente.

En la audiencia, donde estuvieron presente el presidente del gobierno regional de Loreto, Iván Vásquez; el vicepresidente de Ucayali y de Amazonas y diversas personalidades, las autoridades rechazaron el Decreto Legislativo 1090, la "Ley Forestal y de Fauna Silvestre".

"Ha sido unánime el pedido de que el Decreto Legislativo 1090 sea derogado y se exige que el reglamento que el INRENA ha elaborado no sea llevado a cabo, en suma, hay un clamor desde las regiones en que el DL 1090 no es conveniente para el país ni para los pueblos amazónicos", comentó Chávez.

Asimismo, dijo que es necesario iniciar un debate por una nueva ley, y en ese contexto todos han coincidido que el proyecto de ley 2691, que está en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, sería la oportunidad por la cual se puede llegar a un consenso entre todas las partes.

Diversas organizaciones ambientalistas están llevando a cabo estas audiencias, en las que señalan el respaldo que tiene el pedido de derogatoria de la ley, no solo por parte de la Universidad Agraria, el Colegio de Ingenieros del Perú y la Defensoría del Pueblo, así como la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, donde prácticamente existe un consenso a favor de la derogatoria.

En adelante, queda seguir realizando audiencias públicas en Madre de Dios y San Martín; además de iniciar en profundidad el debate del proyecto ley 2691, cuya aprobación dejaría de lado la 1090 y plantea en concreto la creación del viceministerio en el ministerio del ambiente, lo cual pondría en otro nivel al tema forestal.

"A partir del dictamen que genere la Comisión de los Pueblos Amazónicos, Andinos, Afroperuanos, Medio Ambiente y Ecología, entraría al pleno a inicios de diciembre, donde debería tomarse la decisión de aprobar esta nueva ley. Esta ley no solo es la expectativa de los pueblos amazónicos, sino también del gobierno norteamericano en función al TLC y del Banco Mundial, que también está muy preocupado por el tema de este decreto legislativo 1090", refirió el ambientalista.

Disponible en: http://www.inforegion.com.pe/region/noticia_detalle.php?v_idnoticia=18053&v_idlocacion=1&v_idcategoria=28

Estado debe promover reforestación de tierras con aptitud forestal en coordinación con comunidades

El Estado debe promover la reforestación de las tierras con aptitud forestal, sin poner en riesgo el bosque primario, sostuvo en Diálogo Ambiental el Jefe de la Oficina de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Vito Verna, al comentar el Informe Defensorial que presentó esta entidad sobre el Decreto Legislativo 1090.

"Sobre esto tienen que decidir el Congreso y el Poder Ejecutivo y ponerse de acuerdo con las comunidades, pero el mecanismo que se adopte, cualquiera que este sea, tiene que garantizar que no se afecten los bosques primarios, que no se deforeste más de lo que ya se ha deforestado y que precisamente las áreas que no tienen bosques, la tengan a futuro".

Agregó que se deben encontrar los mecanismos que garanticen la cobertura boscosa del país y que no se vea afectada por procesos de deforestación.

"Nosotros hemos presentado un informe al Congreso de la República en el cual concluimos que retirar las concesiones forestales y las tierras de capacidad de uso mayor forestal de la calificación de recurso natural, genera incertidumbre sobre cómo van a ser las modalidades de uso de estas tierras y si estas modalidades podrían o no afectar a los bosques", comentó.

En ese sentido, manifestó que el artículo 41 del DL 1090, de alguna manera podría incentivar comportamientos ilícitos para poder legitimar madera de origen controversial.

Comentó que el DL 1090 no da mayores elementos de análisis para identificar sus impactos y mas bien estos vacíos genera incertidumbre que preocupa a la Defensoría del Pueblo, "es decir, cómo se van a otorgar a particulares, cuáles van a ser los límites, eso no está precisado en la norma y es por eso que estamos preocupados".

Precisó que a diferencia del DL 1090, en el régimen anterior, estos dos recursos o componentes ambientales, las plantaciones forestales y las tierras de capacidad de uso mayor forestal, eran consideradas como recurso natural, y tenían un régimen de uso, que era la concesión.

Indicó que por ello, se otorgaban en concesión a los particulares, y además estaban sujetos a un plan de manejo en el cual se establecían pautas para que los que tuvieran estas tierras se adecuaran de manera que no pongan en peligro los bosques.

"El temor de la Defensoría del Pueblo, que se expresa en este informe, es que se genera un incentivo para deforestar bosques primarios, bosques en pie, para que esta tierra, al ser deforestada, se convierta a una tierra con aptitud forestal, esa es la mayor preocupación de la Defensoría del Pueblo" señaló.

Vito Verna precisó que se requiere seguir algunos mecanismos, como el de hacer un inventario de las tierras que actualmente ya se encuentran sin cobertura boscosa, es decir, tierras que actualmente están deforestadas para en esas tierras se pueda promover la reforestación", finalizó el representante de la Defensoría del Pueblo.

Disponible en: http://www.inforegion.com.pe/region/noticia_detalle.php?v_idnoticia=18061&v_idlocacion=1&v_idcategoria=28

Los bosques están en peligro vía decreto

Piden derogar DL 1090 porque promueve venta de 45 millones de producción forestal. Expertos, dirigentes sociales y autoridades regionales rechazan la norma, mientras que los indígenas evalúan medidas de fuerza.

Por: Milagros Salazar.

Los vacíos de la ley pueden ser llenados peligrosamente en el campo. La realidad no miente. "Todos estos terrenos que ahora ves llenos de árboles y frutales formaban parte hasta hace poco de un bosque primario. En gran parte de la Amazonía se ven terrenos inmensos que parecen improductivos, pero que cuentan con una producción forestal potencial", explica Marcos Ríos Quiroz, jefe de Sistemas Agroforestales del gobierno regional de Loreto, mientras recorremos parcelas aledañas a la carretera Iquitos-Nauta que se encuentran en recuperación.

El decreto legislativo 1090, promulgado por el Ejecutivo para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pone en peligro precisamente al 60% de los bosques primarios del país porque les quita la denominación de patrimonio forestal que los protege para pasarlos al régimen agrario que permitiría ponerlos en venta, lo que equivale a 45 millones de hectáreas, resaltó el presidente del Foro Ecológico, Sandro Chávez, en una reciente audiencia pública realizada en Iquitos para analizar la polémica norma.

Intereses Agazapados
"El objetivo del gobierno es promover plantaciones para biocombustibles en tierras forestales", sentenció el especialista ante la audiencia iquiteña convocada por el gobierno regional de Loreto y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento que preside Roger Nájar. La participación fue a sala llena.

En nuestra caminata, las palabras de Chávez cobran sentido. En un terreno aledaño del Proyecto Agroforestal y Ordenamiento de Cultivos que desarrolla el gobierno regional de Loreto entre 500 familias, vimos chacras quemadas, árboles desaparecidos que fueron reemplazados por extensiones de palma aceitera utilizada para la generación de biocombustibles.

Nada es Casual
Nájar advirtió que hay más de 10 solicitudes ante el gobierno central para proyectos de biocombustibles con una extensión de 10 mil hectáreas cada uno, y aseguró que conversará con el nuevo ministro de Agricultura, Carlos Leyton Muñoz, para que fije posición sobre el DL 1090, en vista de que el funcionario ha reconocido que hay decretos que deben ser revisados en la misma línea de lo señalado por el premier Yehude Simon.

Leyton ha sido convocado para el martes junto al titular del Ambiente, Antonio Brack, a la Comisión de Pueblos Andinos.

El Oro Verde
Los especialistas, las organizaciones sociales, las autoridades regionales de Ucayali, Amazonas y Loreto coincidieron en la necesidad de derogar el DL 1090 y no en corregirla en el reglamento, porque no solo pone en peligro a los bosques sino "genera condiciones permisivas para la tala y el comercio ilegal de la madera". Esto porque el artículo 41 de la norma abre paso para que la madera ilegal incautada pueda estar sujeta a una adjudicación directa y ser vendida y legalizada.

Loreto es la región más grande de la Amazonía y las autoridades de Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) apenas pueden fiscalizar entre 5% y 10% de los recursos de los bosques, según el coordinador del Grupo Regional Carlos Cornejo Arana. Pese a esta debilidad, el Ejecutivo aprobó una norma que agudiza el problema.

El movimiento indígena también ha mostrado su rechazo, pero pide que en el proyecto de ley 2691 que promueve el Bloque Popular con la legisladora Elizabeth León y Roger Nájar para derogar el DL 1090, se incorpore la visión indígena sobre el territorio y sus recursos.

Por eso el ingeniero forestal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), César Serdán, pidió que la iniciativa legislativa garantice de modo explícito la consulta previa en términos establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, a fin de que no se entienda por consulta la simple ejecución de talleres informativos.

Sendos Cuestionamientos
El vicepresidente de Aidesep, Robert Guimaraes, dijo que en diciembre la dirigencia indígena evaluará medidas de fuerza contra el polémico decreto y otros que afectan a la Amazonía.

Otros cuestionamientos al DL 1090 se centran en que reduce la participación de la sociedad civil al desactivar la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y los comités de gestión de bosques. Eso atentaría contra la descentralización, pues resta funciones a las regiones en el tema forestal y agudiza la exclusión de la cadena productiva a los pequeños productores. Los motivos para elaborar una nueva ley forestal y de fauna silvestre sobran.

Datos
Opinión. La Defensoría del Pueblo advirtió que el DL 1090 puede generar que se deforesten los bosques primarios y se permita legalizar la madera ilegal incautada.
Ojo. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos pidió al Perú resolver el problema del DL 1090 como parte de la implementación del TLC.

Reacciones

"El DL 1090 es un riesgo. Promueve la inversión cuando falta más información de la situación de los bosques".
José Luis Capella
Sociedad Peruana de Derecho ambiental

"¿Cómo queremos construir democracia haciendo leyes como éstas sin consultar a nadie?".
Sandro Chávez
Foro Ecológico del Perú

Disponible en:http://www.larepublica.com.pe/content/view/253771/483/