viernes, 19 de febrero de 2010


Tiembla la Amazonía


El último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, señala que en el mes de enero se registraron 260 conflictos sociales, cinco menos en relación al mes de diciembre del año pasado. Asimismo, se dice que el 50% de los conflictos activos se encuentran en proceso de diálogo. ¿Estaremos avanzando? Si bien el diálogo es un primer e importante paso para resolver estos conflictos sociales, ¿cuántos de estos llevan años o meses y todavía no son resueltos? ¿Qué se viene haciendo para prevenir el estallamiento de la violencia como podría ocurrir con algunos conflictos en la Amazonía?

Tres bombas de tiempo
Hace dos días, La República alertó sobre la posibilidad de tres levantamientos indígenas. El primero de ellos se reporta en la zona fronteriza del Cenepa (Amazonas), que es territorio habitado por población Awajun y Wampis, donde los nativos se enfrentan a la ilegal presencia de la minera Afrodita con el objetivo de proteger el Parque Nacional Ichigkat Muja y la Reserva Comunal Tuntanain. Este conflicto social es informado por la Defensoría del Pueblo desde diciembre de 2008. Ante esta situación, como medida de fuerza para que sus demandas sean por fin atendidas, los nativos de esta zona del país han convocado a una movilización para el 22 de febrero próximo.

El segundo conflicto lo encabezan las Federaciones indígenas Secoya (Airo Pai) y Kichwa del Alto Putumayo (frontera con Ecuador y Colombia), quienes se oponen al ingreso de la empresa PETROBRAS para la explotación del lote petrolero 117 porque éste se superpone a la Zona Reservada Güeppí y a las Reservas de Napo Tigre y Napo Curaray en proceso de creación. Este conflicto tiene casi un año informado por la Defensoría (desde marzo de 2009), pero tampoco se avanza en su solución.

Por último, el tercer caso se da en el sur de la Amazonía (entre Cusco y Madre de Dios), donde la etnia Harakmbut intenta impedir que la petrolera Hunt Oil Company ingrese a explotar los recursos del lote petrolero 76 porque afectarían la reserva de Amarakaeri. Este conflicto lo analizamos en el infodiario “Reserva Amarakaeri vs. Hunt Oil y Repsol” el mes de octubre del año pasado, pero la Defensoría ya lo informaba en agosto de ese mismo año.

¿De qué se trata?
Los tres conflictos amazónicos señalados tienen dos características similares: la ausencia de diálogo (consulta previa) del gobierno con la población para llevar a cabo las concesiones mineras y petroleras en territorios amazónicos de gran impacto ecológico (santuarios y reservas naturales) y la falta de planes de demarcación territorial previos al otorgamiento de estas concesiones. Además, como se observa, estos casos llevan más de medio año en agenda y no tienen procesos de diálogo.

¿Qué explica esta situación en la Amazonía? Según el texto, Amazonía Peruana al 2021, las propuestas de “desarrollo” para esta zona del país vienen conformando un nuevo ciclo de explotación desenfrenada de sus recursos, donde las consecuencias sociales y ambientales no son tomadas en cuenta, mientras que las económicas son vistas desde al ángulo solo de la ganancia. Por esto, restablecer el diálogo en estos tres casos es indispensable y, al mismo tiempo un reto, pues la sombra del Baguazo crea dudas en la población respecto a que si realmente se puede alcanzar algún consenso.


Puede visitar: http://www.otramirada.pe/
Está permitida la reproducción y difusión de este artículo siempre y cuando se cite la fuente.

miércoles, 17 de febrero de 2010

La Selva Saqueada

Ponemos a su disposición el "Suplemento Línea", publicado el dia domingo 14 del presente en el diario La Primera, donde muestran que millones de hectareas son entregados a intereses privados, destinados para la explotación forestal o para la produccion de insumos de biocoombustibles.







Tambien lo puede reproducir haciendo click en el siguiente enlace:
http://vocesdelbosque.org/Suplemento_Linea.pdf

lunes, 15 de febrero de 2010


Se pierden US$ 220 millones por la tala ilegal en Perú

"Ahora van a fiscalizar la extracción de madera en 7 millones de hectáreas de bosques, sobre todo de cedro y caoba"


Cada año nuestro país pierde 220 millones de dólares por tala ilegal de especies selectivas como el cedro y la caoba. A raíz de ello, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) en enero de 2010 inició la fiscalización de más de siete millones de hectáreas de bosques de producción permanente. Precisamente, en el Perú existen 556 concesiones forestales maderables, que equivalen a 7,1 millones de hectáreas.

El año pasado se efectuaron 78 supervisiones a concesiones forestales y se detectó que 46 incumplieron los contratos suscritos con el Estado, por lo que se les ha iniciado Proceso Administrativo Único (PAU), que podría culminar con la declaratoria de caducidad.

La nueva etapa de supervisiones se inició el jueves 28 de enero en la concesión forestal maderable Pumaquiro S.A.C., ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios.

Hasta ese lugar llegó un grupo de ingenieros forestales comandados por el presidente ejecutivo del Osinfor, Richard Bustamante, y por el director de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, ingeniero José Ríos, quienes, luego de sortear las inclemencias del clima y de cruzar las caudalosas aguas del río Yaverija, evaluaron los árboles, los patios de trozas y las actividades de tumba y arrastre de la madera, con la finalidad de constatar que se cumpla con el plan operativo anual y con el programa general de manejo forestal. Anteriormente, esta concesión fue sancionada por una falta leve, pero ya han levantado las observaciones que se hicieron.

Fuente: Peru.21;
http://peru21.pe/noticia/415094/se-pierden-us-220-millones-tala-ilegal-peru

jueves, 4 de febrero de 2010


"Urge promover la transparencia en el sector público forestal"

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PLANTEA NECESIDAD DE CONTAR CON
UNA AUTORIDAD NACIONAL FORESTAL AUTÓNOMA


Nota de Prensa Nº 021/OCII/DP/2010

Se requiere consolidar el proceso de descentralización en materia forestal.


A fin de mejorar la gestión de los bosques naturales y promover el comercio legal de los productos madereros, urge fortalecer la institucionalidad en el sector público forestal y contar con una autoridad nacional forestal totalmente autónoma, tanto técnica como presupuestalmente, así como alentar la transparencia en el sector, afirmó hoy, Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

“Esto no solo implica otorgar un mayor nivel jerárquico a la autoridad nacional forestal, sino también asegurar que su diseño le permita contar con la autonomía necesaria para desarrollar eficazmente sus funciones, promoviendo prácticas que destierren la corrupción”, manifestó el funcionario tras la publicación del Informe de Adjuntía denominado “El Estado Peruano y el Aprovechamiento Sostenible de los Bosques Naturales”.

Lanegra Quispe indicó que de acuerdo al referido documento resulta fundamental también fortalecer y consolidar el actual proceso de descentralización en materia forestal en el que se encuentran los gobiernos regionales. Recordó que en noviembre del año pasado sólo San Martín y Loreto efectivizaron la transferencia de funciones, siendo los únicos que lo han hecho a la fecha.

Asimismo, reiteró que, ante la necesidad de promover la transparencia y prevenir la corrupción, se debe implementar también el Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal (CONAFOR) con la finalidad de legitimizar las Políticas Forestales a través de espacios en los que participen todos los actores involucrados. De esta manera, manifestó, se incentivará la transparencia en la toma de decisiones relativas a la planificación y manejo de los recursos forestales.

“Del mismo modo el sector forestal debe ser incluido en el Plan Nacional Anticorrupción de la Presidencia del Concejo de Ministros, así como en el ConsejoNacional Anticorrupción del Ministerio de Justicia”, subrayó.

Por otro lado, el funcionario resaltó algunos avances constatados durante el estudio realizado, como la creación de nuevas entidades publicas como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).

Finalmente, reconoció el trabajo que viene desarrollando la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre respecto a la Consulta Nacional para elaborar la Política Nacional Forestal y la actualización de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, esfuerzo que viene siendo coordinado entre las instituciones del Estado y la sociedad civil.

Lima, 03 de febrero de 2010.


Oficina de Prensa e Imagen Institucional

lunes, 1 de febrero de 2010


"El informe sobre Bagua es sesgado"


Por: Mariella Balbi

¿El informe sobre los sucesos de Bagua es parcializado o adecuado?
Dice algunas cosas claramente falsas. Como cuando se refiere al obispo de Yurimaguas y a unas críticas que dice que Aurelio Pastor le hace. Lo he leído con la mayor objetividad, pero es un informe sesgado, que busca —como se dice— lavarle la cara al gobierno. Deja la impresión de que toda la responsabilidad recae en los indígenas, pese a que la policía y el Estado tienen —a mi entender— una responsabilidad mucho más grande.

Los responsabiliza de la muerte de los policías; ellos lo hicieron.
La responsabilidad del asesinato no es por el minuto en que se dispara la AKM, sino por el conjunto de los hechos sucedidos. Hay que buscarla desde el comienzo. El origen fue un reclamo justo. Internacionalmente la defensoría, el Tribunal Constitucional lo aceptan así. El informe cuenta todo ese desarrollo pero de una manera superficial. También falla cuando habla de la idiosincrasia de los awajun y los wampis. No toca con profundidad dos conceptos fundamentales para entender lo ocurrido. El concepto de territorio de los nativos es cualitativo, de sentimientos, no de metros. La tierra engloba a sus antepasados, el cerro; la cascada tiene un sentido. Otro aspecto mal tratado es el significado de la venganza. No es como para ti, para mí, que es por el odio. Para ellos es cuestión de honor, de la familia. Si no vengan la muerte de un familiar, están faltando a algo muy importante. Los que son cristianos no aceptan eso; hay apus catequistas que buscan que en lugar de matar se otorgue una compensación, no tanto en dinero, sino en cosas útiles. Pero para los que no son cristianos es cuestión de honor.

¿Cómo explicar la masacre de los policías de la Estación 6?
No justifico ese hecho. Probablemente cuando escucharon que había indígenas muertos en la Curva del Diablo, tomaron represalia contra los policías de la Estación 6. Algunas radios y periodistas, no radio Marañón que es del vicariato de Jaén, exageraron sobre el número de muertos. La prueba de ello —según parece— es que no mataron a todos los policías sino al número de muertos que creían que ellos tenían. Esa es su mentalidad, se les ha juzgado con la nuestra. Es una disyuntiva difícil. Poco se conoce la Amazonía. Cuando vinieron ministros acá varios dijeron que nunca habían estado en la selva.

El informe dice que “hubo apresuramiento y falta de tacto del Ejecutivo”. ¿No mejora su impresión?
No digo que todo sea malo, pero eso no equilibra las cosas. El conjunto no está balanceado sino a favor de la policía y del gobierno. Esa frase no compensa el sesgo.

También indica que “algunos miembros de la Iglesia, ronderos y nacionalistas no cumplieron con su rol pacificador, se parcializaron y en algunos casos exacerbaron los ánimos”.
Es una falta de información brutal y no tienen idea de lo que ha hecho la Iglesia ahí. El comunicado del Consejo Aguaruna (awajun), Huambisa (wampis) dice que el vicariato de Jaén nunca ha promovido la violencia. Yo llegué a Jaén hace cuatro años; antes de ello el consejo no era pro vicariato, eran muy críticos a lo que ellos llamaban “el poder de los misioneros”.

¿Y exacerbaron los ánimos?
No. Nosotros hemos enviado víveres a los nativos, no solo en la última movilización

¿No facilitaban las cosas a quienes bloqueaban la carretera?
Los critican por ello.Espere, espere. Yo no estoy de acuerdo —y siempre lo he dicho— con la toma de carreteras. Pero ellos llevaban mucho tiempo ahí y estaban muertos de hambre y de sed. Aunque la acción sea mala, no puedes dejar de ayudarlos. Tampoco es que se les llevó víveres constantemente. Estuvieron cincuenta y tantos días ahí.

Tal vez se hubieran retirado más rápidamente.
Eso es muy cruel, muy inhumano. No va con un sentido cristiano de la vida. Estoy seguro de que Jesús los habría animado a que se fueran, y yo lo he hecho hasta el último momento, pero él los habría asistido. No tenían agua; es una acción humanitaria. Le explico sobre los misioneros. En Santa María de Nieva, dentro del vicariato, no todos ven la cuestión del petróleo de la misma manera. Yo discrepo de una oposición radical y absoluta a la explotación petrolera. Hay otro sacerdote que está en desacuerdo con la explotación, apoyándose en otras experiencias, viendo la contaminación de los ríos. Pero, vamos, es algo opinable. No es que haya hecho mítines, ni nada. Cuando le preguntaban daba su opinión personal. Yo daba una distinta; me han acusado de obispo pro minero y pro petróleo. Según el informe, el 14 de mayo, un periodista de radio Marañón, del vicariato de Jaén, se pronuncia en contra de la explotación en una reunión. He preguntado por eso y me han dicho que no fue él. En general yo he discrepado de él; es muy confrontacional. Pero decir que se han exacerbado los ánimos es una exageración. Mire, tres días después de los lamentables sucesos no dejaban subir a la Curva del Diablo. Yo le dije al general Miranda que levantara la prohibición porque las especulaciones crecían y se estaba inventando de todo. Aceptó, y luego jefes policiales me pidieron mi bendición.

Un sacerdote dijo que había cientos de desaparecidos.
Eso fue luego del 5 de junio. Él declaró: “dice la gente que…” Luego, además, ofreció disculpas. Yo di la orden de que radio Marañón no propalara noticias si no estaban totalmente confirmadas. De otras radios no sé.

Se insinúa que miembros de la Iglesia gestaron el paro.
No, no. Eso es no conocer a los indígenas. Los awajun y wampis no se dejan manejar, tampoco por Aidesep.

El informe se pregunta por qué la violencia estalló en Bagua y no en otros lugares.
Tal vez porque es gente con mucha garra, tienen mucho liderazgo. En otros sitios no se reunieron 2.000 personas como aquí. Había una multitud que se les escapó a los apus, perdieron el control. Fue el desconcierto absoluto. Cuando los apus me contaban lo ocurrido veía el sentimiento de pena, de no entender qué pasó. Un indígena me dijo con gran pesadumbre: “Monseñor, lo que más pena nos da es que nos hemos matado entre hermanos”. Lo ocurrido ha desunido mucho a la gente, porque hay quienes tienen apetencia política; no los líderes de la zona nuestra.

La hermana Maricarmen Gómez y el dirigente Jesús Manasés no firmaron el informe sobre Bagua. ¿Los respalda?
Sí, el informe es sesgado. A ellos les han dado un plazo prudencial para estudiar más la enorme cantidad de testimonios que tienen y hacer un informe en minoría. Las observaciones del padre Álvarez me parecen adecuadas. No sé por qué firma el informe, sus observaciones le quitan autoridad a este.

¿Monseñor Irízar, que estuvo en la mesa nacional, aprueba el informe?
No, los que están más cerca de la selva y conocen a esta gente no lo aprueban. Hay algo que no se entiende bien; la labor de las otras mesas ha concluido, pero sus informes no han sido terminados.

¿El informe sobre Bagua servirá para la reconciliación y para conocer la verdad?
Tal como está, no creo que sirva para ello.

¿Cree que se pudo evitar tanta muerte?
Si la policía hubiera esperado, sí. Ellos se iban a retirar. Me lo dijeron apus en los que confío totalmente porque conozco a algunos. El acuerdo fue levantar el bloqueo; incluso movilizaron camiones en la noche del 4 de junio.

¿Cómo se tomó la expresión del presidente García sobre que los indígenas no eran ciudadanos de primera categoría?
Fue un disparate que Alan García les dijera que eran de segunda categoría, por más que luego lo explicaran les dolió muchísimo.

LA SITUACIÓN DE LOS DEUDOS DE INDÍGENAS MUERTOS
“Hay que indemnizar, no con dinero, con educación”

¿Las mesas convocadas por el gobierno servirán de algo?
Desde mi esperanza cristiana quiero creer que sí. Dios no puede permitir que todo el dolor que ha habido se quede sin más. Mi interés como obispo y el de mis colegas es buscar el modo de ayudar a tener un diálogo verdadero; esto no se puede hacer en dos meses. Nos vamos a reunir los obispos de la selva y lo plantearé. Queremos sentarnos con el jefe del Gabinete y los ministros para decirles que hace falta escuchar, que no tengan una idea cerrada.

Un primer paso sería que se reúnan la Iglesia, el gobierno y los indígenas.
No tengo un bosquejo. Sí la absoluta seguridad de que sin diálogo no avanzamos. Dialogar no es hablar, es entender lo que piensa y siente el otro. No veo ese deseo. Temo que finalizadas las mesas no haya continuidad y que todo se quede ahí.

La Asamblea Episcopal se reunió esta semana. ¿Respaldan el informe sobre Bagua?
Tocamos el tema de la Amazonía, pero no ese punto. Se acordó que los obispos de la selva pediremos una entrevista con el presidente García para conversar sobre la necesidad del diálogo como forma de encontrar soluciones. Elaboraremos también una carta pública sobre este tema.

Amazonas tiene más del 50% de pobreza.
Yo para los números no valgo, pero es muy pobre. Vea cómo están las carreteras, las postas, las escuelas. La mayoría de escuelas las ha hecho el vicariato. Mire, fracasó una fábrica de conservas porque era carísimo sacarlas. Mientras no haya carreteras, agua, luz, escuelas, esa pobre gente no tiene modo de vivir. Todos quieren que sus hijos salgan de ahí. El peligro es que cuando llega una empresa ofrece plata a algunos dirigentes, y como la necesitan, pues se venden.

¿La minería y el petróleo son actividades depredadoras del medio ambiente?
En nuestra zona no hay, pero por lo que dicen el petróleo contamina los ríos, las minas de oro también. Cuando fuimos al congreso un indígena de la zona del Cenepa dijo: “¿Si se descubre que en Machu Picchu hay una mina de oro, aceptarían que se explotara? Para nosotros ese cerro del Cenepa es sagrado, no podemos aceptar que se toque”. Es algo que hay que entender.

¿Existen más videos sobre los sucesos de Bagua?
Yo tengo un video del vicariato de Jaén. No tiene nada que ver con esa foto publicada del mayor Bazán. Lo hemos entregado a la fiscalía. Hay una imagen del padre Ramos, rezando ante tres cadáveres, con gente alrededor. Otra es de gente en la carretera. El resto son tomas en el cerro con gente que corre, pero no se ve con nitidez. Una parte está negra; no sé qué ha pasado.

¿Sería interesante saberlo?
Sí, como va a ir el juez a tomarme declaraciones el 12 de febrero, preguntaré.

¿Qué sucedió en la Curva del Diablo, según usted?
De lo que me han contado los apus que estuvieron ahí, parece que los policías subieron al cerro; al verlos los indígenas que estaban cerca tiraron sus bombardas, alertando a otros que subieron. Según el informe, un grupo de indígenas fue “empujando” al mayor Bazán y su gente hacia el precipicio. Ellos cruzaron sus lanzas, pero normalmente no las llevan para atacar a nadie; es un símbolo de fuerza, de guerra. Un policía comenzó a disparar; no sé si por órdenes o espontáneamente y cayó Santiago Manuin. Él no es apu, pero es un líder con gran autoridad moral. Entonces ellos cercaron a esos policías, cogieron sus armas y les dispararon a matar.

Ahí desaparece o muere el mayor Bazán. ¿Presume que ha muerto?
No creo que esté en una comunidad, me parece muy difícil. Ningún apu me ha contado sobre el mayor Bazán. Cuando he preguntado por pistas me han dicho: puede ser que cayera en el precipicio de la Curva del Diablo, puede ser en Cerro Colorado, en el río. Pero todo es “puede ser”.

¿Se debe dar indemnizaciones a los familiares de los indígenas muertos?
No sé si cabe según la justicia occidental. Pero si se quiere comenzar un diálogo bueno, hay que darlas. No dinero, sino educación. Sería un gesto, ellos quieren el diálogo y la explotación, pero sin afectar el medio ambiente.

Ver en: http://elcomercio.pe/impresa/notas/informe-sobre-bagua-sesgado/20100201/408097




Los biocombustibles y el hortelano

Por Humberto Campodónico

En el 2008, el Perú importó alimentos por US$ 1,700 millones, siendo los más importantes la soya (para el aceite), el trigo (pan y fideos) y el maíz (para el pollo). De enero a noviembre del 2009 se importaron US$ 1,200 millones. La baja se produjo, sobre todo, porque cayeron los precios en el mercado internacional.

El alza de los precios internacionales de los alimentos en el 2008 (debido a la especulación financiera) provocó un fuerte aumento de la inflación (6.6%), lo que motivó, de un lado, que se opinara que la economía estaba “sobrecalentada” y, de otro, que el presidente García trajera al ministro Valdivieso, leñador del FMI, para que reduzca el presupuesto a hachazos. Lo que hizo a toda viada.

En el 2009 el Perú comenzó a importar biodiesel, porque así lo manda la Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles, que establece que el 2% del diesel que se vende en el país tiene que ser biodiesel, mientras que el 98% restante sigue siendo petróleo. A partir de este año la gasolina entra a la danza, ya que el 7.8% tendrá que ser etanol (que viene de la caña de azúcar), mientras que el 92.2% restante será petróleo.

Esta política parte de un supuesto teórico: como los biocombustibles contaminan menos que el petróleo, su sustitución implica consumir combustibles más limpios. Pero, ojo, esa es la teoría porque existen estudios científicos que dicen que para producir el etanol o el biodiesel se consume energía contaminante (tractores, ingenios, fertilizantes, entre otros) que hacen que al final el biocombustible salga tas con tas con el consumo de petróleo, o que solo sea ligeramente positivo.

Lo que sí es seguro es que la Ley 28054 ha creado un mercado obligatorio y cautivo para los biocombustibles, en las proporciones señaladas. Y ese mercado está impulsando importantes negocios. Según Maximixe, en el 2009 se importaron 469,000 galones de biodiesel por US$ 52.4 millones, lo que abasteció el mercado en un 84%. El precio de importación promedio fue US$ 111/barril, lo que resultó más caro que el precio promedio del diesel en el 2009, que fue de US$ 85 por barril.

Así, los usuarios están pagando más. ¿Quién se beneficia? Ni más ni menos que los exportadores norteamericanos que, de un lado, están subsidiados por su gobierno y, de otro, entran al Perú con arancel cero por el TLC con EEUU.

Pero como este año ya entran los campos de Industria del Espino (Grupo Romero va a producir el 49%), Heaven Petroleum (el 41%) y Pure Biofules (el 10%), el gobierno, vía Indecopi, ya le puso una sobretasa al diesel importado para que puedan hacer frente al subsidio gringo. Asombra la rapidez con la cual los “biodieseleros” locales lograron esta corrección contra la competencia desleal, pedido que los productores nacionales de hilados y confecciones han hecho en múltiples oportunidades (contra el subsidio chino e indio). Pero ellos no son Romero, pues.

¿Y qué pasa con el etanol de la caña de azúcar? Pues hasta el momento hay un solo productor, la Empresa Agrícola del Chira, del Grupo Romero, que en diciembre del 2009 realizó su primera exportación de 6,320 TM a Holanda por US$ 6.2 millones. ¿Es que en el 2010 va a vender en el Perú? No. Dice Maximixe que “la empresa tendría comprometido casi el total de su producción del 2010 para la exportación que generaría ventas por US$ 85 millones” (http://www.maximixe.com/). ¿Se importará etanol, entonces?

Y aquí volvemos al principio. ¿Puede un país importador de alimentos usar la tierra, no para alimentar a su gente, sino para exportar combustibles al extranjero y no producir alimentos sino combustibles más caros que todos pagamos? ¿Es que un país puede darse el lujo de no tener una política de soberanía alimentaria justo cuando las tierras escasean a nivel mundial y los precios de los alimentos pueden volver a subir en cualquier momento? Sí, porque estamos en el Perú, en la tierra del hortelano.

Lo puede ver en: http://www.larepublica.pe/cristal-de-mira/01/02/2010/los-biocombustibles-y-el-hortelano

viernes, 29 de enero de 2010


Lima, 29 de Enero del 2010


Doctores:
Juan Carlos Vásquez
Milena Schmidt
Secretariado CITES

Lima.-
Aprovechando su presencia en Perú como representantes del Secretariado CITES, en misión de evaluación del avance de la implementación de los compromisos adquiridos por el Estado peruano ante la Convención por mandato de la 58ava reunión del Comité Permanente (julio 2009), las instituciones y ciudadanos abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes a fin de transmitirles las conclusiones del encuentro realizado el día 28 de los corrientes para analizar la situación de la tala ilegal en Perú, y de manera especial el estado de implementación de los compromisos adquiridos por el país ante CITES para la especies Swietenia macrophylla y Cedrela odorata.

Los abajo firmantes manifestamos la profunda decepción generada por el incumplimiento en la implementación de CITES para especies maderables en Perú, ilustrada por el hecho de la existencia de madera Caoba y Cedro de origen controversial que ha sido exportada al amparo de permisos CITES con la anuencia de la Autoridad Científica CITES.

Como consecuencia de ello, las Áreas Naturales Protegidas y los territorios indígenas han sido vulnerados a través de un sistema institucionalizado de corrupción e intimidación cuyas redes permean las esferas del poder público y privado con el fin de mantener fluyendo altos márgenes de ganancia ilícita que ha enriquecido a unos pocos.

En la última década, el sistema CITES no ha reconocido la gravedad de la situación reiteradamente reportada y evidenciada en informes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Secretariado CITES. Desafortunadamente, foros decisivos como el Comité de Flora han desconocido las diversas denuncias presentadas, debilitando el potencial reformador de CITES al retirar al Perú del Proceso de Comercio Significativo.

En tal sentido, el espíritu de la Convención CITES ha sido sistemáticamente burlado con el fin de mantener una estructura y modus operandi diseñado y manejado por sectores económicos y de poder que recurren a la corrupción y la intimidación para apropiarse del bosque, sus recursos y la fuerza de trabajo de los más necesitados en la Amazonia.

En la última década, administración tras administración, algunas con mejores intenciones que otras, han ofrecido soluciones y procesos que en teoría respondían a la responsabilidad del Estado ante CITES, pero cuyo reiterado incumplimiento deslegitima aun más la efectividad y credibilidad de la Convención. Entre dichos incumplimientos podemos citar:

. La indefinición en cuanto a la determinación técnica de los factores de rendimientos de las maderas comerciales,
· El incumplimiento en la implementación del Plan de Acción de la Caoba,
· El incumplimiento de los compromisos internacionales para verificar la existencia de los árboles en pie, antes de autorizar volúmenes de aprovechamiento, así como
· La no inclusión de saldos de años anteriores en los cupos anuales de caoba,
Estos son algunos ejemplos que ilustran el incumplimiento de CITES para maderas en Perú. Por lo anteriormente expuesto, las Organizaciones de la Sociedad Civil y Representantes de los Pueblos Indígenas del Perú abajo firmantes, solicitamos al Secretariado CITES remitir al Comité Permanente de la Convención los siguientes pedidos:

1. Reincorporar al Perú en el Proceso de Comercio Significativo
2. Solicitar al Comité de Flora el sustento técnico para la exclusión del Perú del Proceso de Comercio Significativo
3. Solicitar a la Autoridad Científica CITES de Perú el Informe de verificación en campo de la totalidad de las Concesiones Forestales y otros derechos de aprovechamiento otorgados para la determinación del Estado de Conservación de las especies Swietenia macrophylla y Cedrela odorata, así como los mecanismos utilizados para garantizar la veracidad de la información
4. Garantizar la observancia de las recomendaciones de la auditoría del cumplimiento de la Convención CITES en el Perú para las especies Swietenia macrophylla y Cedrela odorata,
5. Reconocer la grave situación poblacional de las especies Swietenia macrophylla y Cedrela odorata debido a la tala y comercio ilegal en el Perú, a fin de que, en el caso de Swietenia macrophylla, se reconozca como Especie en Peligro de Extinción Comercial en el Perú.

Adicionalmente, solicitamos al Secretariado incluir la presente comunicación en el Informe Oficial de la Misión de esta visita al Perú. Asimismo, reiteramos a la CITES nuestra voluntad y compromiso de seguir colaborando a fin de que los objetivos de la Convención se conviertan en una efectiva herramienta de conservación y gestión sostenible de los bosques amazónicos.


Foro Ecológico
TRAFFIC América del Sur
AIDESEP
SPDE


cc. DGFFS-MINAG
DGDB-MINAM

martes, 26 de enero de 2010


NOTA DE PRENSA Nº 023-2010

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA ORDENA PARALIZAR ACTIVIDADES DE GRUPO ROMERO EN BARRANQUITA

Resolución establece nulidad de norma que autorizó cambio de uso de tierras.


La problemática social originada en Barranquita por la deforestación de sus bosques, llega a su fin luego que la Dirección Regional de Agricultura emitiera la Resolución Directoral Regional Nro. 021-2010-GRSM/ DRASAM, donde expresa en su parte resolutiva, declarar la nulidad de la resolución administrativa Nro. 208-2008-INRENA- IFFS-ATFFS- San Martín, la misma que en su momento autorizó el cambio en uso de tierra con cobertura boscosa en el predio denominado Palmas del Oriente, en una superficie de 1 051, 42 Hectáreas, en consecuencia también anula la autorización para el cambio de uso de tierra con aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva.

Con esta resolución, la Dirección Regional Agraria de San Martín dispone de manera inmediata que la Empresa Agrícola del Caynarachi SA, debe suspender el desbosque al interior del predio Palmas del Oriente.

La resolución directoral firmada por el Ing. Antonio Arce García, establece como causal de nulidad los vicios de orden administrativo, tales como la ausencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el mismo que fue presentado un año y medio después de haberse expedido la resolución de cambio de uso de tierras. Al mismo tiempo, este estudio tuvo 7 observaciones, de los cuales la empresa no pudo absolver 5 de ellas y las otras dos, sólo fueron respondidas parcialmente.

Del mismo modo, se establece que no se ha respetado la Zonificación Económica y Ecológica de la Región San Martín, la misma que determina cuales son las capacidades y potencialidades para el uso del suelo. En la actual resolución que paraliza las actividades de la empresa Caynarachi, se precisa como base legal lo determinado en la Resolución Ministerial Nro. 255-2007-AG del Ministerio de Agricultura, el que establece que 1,372 Ha de esta zona (área mayor a la adjudicada) es apta sólo para pastos y no para el desarrollo de proyectos agrícolas permanentes como el sembrío de Palma Aceitera.

Finalmente, el documento detalla que la resolución que en el 2008 autorizó el cambio de uso no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley, especialmente porque no tuvo la presentación oportuna del respectivo EIA, por lo que la nulidad se declara procedente.

En el uso de sus atribuciones, la Dirección Regional Agraria de San Martín ha emitido la resolución directoral que deja sin efecto la continuidad de la deforestación de esta área de la región y al mismo tiempo valida el reclamo presentado por la población de Barranquita, que se ha visto vulnerada en sus derechos y el respeto a una vida sana.

Moyobamba, 25 de enero de 2010


DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
Para mayor información comunicarse con:
Telf. (042) 564100 / (042) 563990 Anexo 212
Calle Aeropuerto Nro 150 - Barrio de Lluyllucucha
Moyobamba - San Martín