ACERCA DEL ESCÁNDALO DE LOS NARCOMADEREROS: LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Por: José Álvarez Alonso
El ingreso de capitales provenientes del narcotráfico en la actividad maderera ha tenido graves consecuencias para la Amazonía, de carácter social, económico y ambiental. Algunas quizás podrían parecer sorprendentes para algunos. La primera y más obvia es la distorsión de la actividad maderera con el ingreso de personas inescrupulosas, ajenas a la actividad y con prioridades de lavado de dinero antes que de gestión forestal. Quien está lavando fondos de origen criminal es un candidato idóneo para violar la ley, y es conocido que los taladores ilegales más agresivos, incluyendo los involucrados en el saqueo de caoba y otras maderas finas en áreas protegidas y territorios indígenas, suelen ser los que tienen fama de estar involucrados con las mafias del narcotráfico. Para esta gentuza se ha acuñado el término de “narcomadereros”, y son conocidos por sus prácticas prepotentes, violentas y chantajistas con las autoridades que se atreven a enfrentárseles. También son conocidos por el maltrato a las comunidades nativas y campesinas, a quienes pagan precios bajísimos (o no pagan) por su madera, y a sus propios peones, explotados frecuentemente de forma inhumana.
En muchas zonas de la selva, la actividad maderera se ha convertido en la tapadera o coartada perfecta para las actividades relacionadas con el tráfico de drogas: no es fácil disimular o justificar movimientos masivos de hombres, lanchas, deslizadores e insumos a zonas apartadas, especialmente en la frontera, sin despertar inmediatamente sospechas. Pero en estas zonas remotas la actividad maderera puede parecer algo normal, y una lancha con combustible para tractores, botes y motosierras puede también transportar discretamente los insumos para el procesamiento de la hoja de coca.
Algunos todavía recuerdan las suspicacias que despertó el interés que mostraron algunos madereros para que fuesen consideradas para concesiones forestales zonas conocidas como “rojas” (por ser pasajes de tránsito de droga hacia países vecinos cultivos de coca o por tener cultivos de coca). Lamentablemente, el INRENA diseñó en su tiempo el Mapa de Bosques de Producción Permanente sin consultar con muchos otros actores, especialmente a comunidades campesinas e indígenas y a expertos locales, y se dejó influir casi exclusivamente por uno solo de los actores en juego, con resultados nefastos. Hoy, al tema de la “narcomadereada” se suma el grave problema de las superposiciones de concesiones con comunidades preexistentes (aunque no tituladas, como la mayoría de las de la selva baja).
La segunda consecuencia de este letal matrimonio entre droga y madera es la competencia desleal con los empresarios formales y honestos, que aunque alguno no lo crea, todavía existen: es obvio que para quien maneja ingentes sumas de dinero fruto de una actividad ilegal no tanto le interesa ajustar márgenes de ganancia como lavar rápidamente el efectivo, introducirlo en los circuitos legales a través de una empresa, aunque sea a costa de algunas pérdidas ocasionales. La actividad maderera ha sido un candidato ideal para esto, por la informalidad generalizada que existe, y por la posibilidad de disfrazar grandes márgenes de ganancia, sobrevaluando costos operativos y otros aspectos que no pueden ser sustentados documentalmente debido a las características de la actividad (los peones forestales no emiten recibo por honorarios, por ejemplo).
Según dicen los conocedores de este mundillo, comprar una serie de maquinarias y equipos forestales (tractores, motosierras, remolcadores, chatas, aserraderos portátiles) y meterlos a trabajar por los ríos y montes es una forma relativamente fácil de lavar dinero de origen ilícito. No importa si la extracción mecanizada no es rentable en bosques con poca caoba (como ocurre en Loreto), lo que importa es introducir el dinero “sucio” a los circuitos legales. La selva está llena de esqueletos de tractores forestales abandonados porque ya cumplieron su función de ayudar a blanquear dinero ilegal. Y ahí tenemos como resultado a una industria “subvencionada” en buena medida por el lavado de activos, que distorsiona el mercado de maderas tirando con frecuencia los precios al suelo con sobre oferta o prácticas de “dumping”, y que compite deslealmente con quienes con mucho esfuerzo acumularon e invirtieron unos ahorros o hicieron un préstamo para ganarse la vida decentemente en esta actividad.
Finalmente, la tercera de las secuelas de la letal alianza droga-madera tiene que ver con el impacto ecológico: el uso masivo de equipos pesados como los tractores forestales, sumamente caros y con muy alto costo de mantenimiento, ha provocado un impacto terrible en los bosques amazónicos. La extracción maderera en general, y la mecanizada en particular, se han sobredimensionado artificialmente con la inyección de activos del narcotráfico, impulsando la extracción masiva de maderas en áreas remotas donde nunca antes había existido ese tipo de actividades, y donde no hubiese sido probablemente rentable sin la distorsión del lavado de narcodólares.
Los últimos bolsones de caoba remanentes en zonas de frontera, en áreas sumamente inaccesibles, y en áreas protegidas, han sido explotados por este tipo de pseudoempresarios, con grave impacto para la biodiversidad y para las comunidades indígenas, que han visto depredados sus últimas reservas de madera y fauna silvestre. Los últimos indígenas en aislamiento voluntario existentes en la frontera de Perú con Ecuador y Brasil han sido expulsados de sus territorios por estos indeseables, ante la anuencia cómplice del Estado, que se resiste a admitir su existencia mientras aplaude el “incremento” de las exportaciones de madera, aunque sea manchada con sangre y apestando a droga. La actividad maderera descontrolada ha sido identificada como una de las causas principales de la dramática disminución de la fauna silvestre en la selva, ya que los madereros se abastecen de carne de los animales de la selva, y suelen cazar también para complementar sus ingresos con la venta de la carne de monte y de cueros. La extracción forestal mecanizada, en todo caso, es la que se lleva la palma, porque altera gravemente el hábitat al destruir hasta un 10-30% del vuelo forestal cuando se aprovecha 5-20m³/ha (lo que ocurre si se tala una amplia gama de maderas duras), y colmata y contamina cabeceras de quebradas vitales para la reproducción del pescado. La disminución de la fauna silvestre y del pescado está provocando, a su vez, un incremento inusitado de la desnutrición infantil entre las comunidades indígenas y campesinas, llegando en algunos casos a afectar a más del 60% de los niños en edad escolar.
Otra razón más para acabar de una vez por todas con la lacra de los narcomadereros.
En muchas zonas de la selva, la actividad maderera se ha convertido en la tapadera o coartada perfecta para las actividades relacionadas con el tráfico de drogas: no es fácil disimular o justificar movimientos masivos de hombres, lanchas, deslizadores e insumos a zonas apartadas, especialmente en la frontera, sin despertar inmediatamente sospechas. Pero en estas zonas remotas la actividad maderera puede parecer algo normal, y una lancha con combustible para tractores, botes y motosierras puede también transportar discretamente los insumos para el procesamiento de la hoja de coca.
Algunos todavía recuerdan las suspicacias que despertó el interés que mostraron algunos madereros para que fuesen consideradas para concesiones forestales zonas conocidas como “rojas” (por ser pasajes de tránsito de droga hacia países vecinos cultivos de coca o por tener cultivos de coca). Lamentablemente, el INRENA diseñó en su tiempo el Mapa de Bosques de Producción Permanente sin consultar con muchos otros actores, especialmente a comunidades campesinas e indígenas y a expertos locales, y se dejó influir casi exclusivamente por uno solo de los actores en juego, con resultados nefastos. Hoy, al tema de la “narcomadereada” se suma el grave problema de las superposiciones de concesiones con comunidades preexistentes (aunque no tituladas, como la mayoría de las de la selva baja).
La segunda consecuencia de este letal matrimonio entre droga y madera es la competencia desleal con los empresarios formales y honestos, que aunque alguno no lo crea, todavía existen: es obvio que para quien maneja ingentes sumas de dinero fruto de una actividad ilegal no tanto le interesa ajustar márgenes de ganancia como lavar rápidamente el efectivo, introducirlo en los circuitos legales a través de una empresa, aunque sea a costa de algunas pérdidas ocasionales. La actividad maderera ha sido un candidato ideal para esto, por la informalidad generalizada que existe, y por la posibilidad de disfrazar grandes márgenes de ganancia, sobrevaluando costos operativos y otros aspectos que no pueden ser sustentados documentalmente debido a las características de la actividad (los peones forestales no emiten recibo por honorarios, por ejemplo).
Según dicen los conocedores de este mundillo, comprar una serie de maquinarias y equipos forestales (tractores, motosierras, remolcadores, chatas, aserraderos portátiles) y meterlos a trabajar por los ríos y montes es una forma relativamente fácil de lavar dinero de origen ilícito. No importa si la extracción mecanizada no es rentable en bosques con poca caoba (como ocurre en Loreto), lo que importa es introducir el dinero “sucio” a los circuitos legales. La selva está llena de esqueletos de tractores forestales abandonados porque ya cumplieron su función de ayudar a blanquear dinero ilegal. Y ahí tenemos como resultado a una industria “subvencionada” en buena medida por el lavado de activos, que distorsiona el mercado de maderas tirando con frecuencia los precios al suelo con sobre oferta o prácticas de “dumping”, y que compite deslealmente con quienes con mucho esfuerzo acumularon e invirtieron unos ahorros o hicieron un préstamo para ganarse la vida decentemente en esta actividad.
Finalmente, la tercera de las secuelas de la letal alianza droga-madera tiene que ver con el impacto ecológico: el uso masivo de equipos pesados como los tractores forestales, sumamente caros y con muy alto costo de mantenimiento, ha provocado un impacto terrible en los bosques amazónicos. La extracción maderera en general, y la mecanizada en particular, se han sobredimensionado artificialmente con la inyección de activos del narcotráfico, impulsando la extracción masiva de maderas en áreas remotas donde nunca antes había existido ese tipo de actividades, y donde no hubiese sido probablemente rentable sin la distorsión del lavado de narcodólares.
Los últimos bolsones de caoba remanentes en zonas de frontera, en áreas sumamente inaccesibles, y en áreas protegidas, han sido explotados por este tipo de pseudoempresarios, con grave impacto para la biodiversidad y para las comunidades indígenas, que han visto depredados sus últimas reservas de madera y fauna silvestre. Los últimos indígenas en aislamiento voluntario existentes en la frontera de Perú con Ecuador y Brasil han sido expulsados de sus territorios por estos indeseables, ante la anuencia cómplice del Estado, que se resiste a admitir su existencia mientras aplaude el “incremento” de las exportaciones de madera, aunque sea manchada con sangre y apestando a droga. La actividad maderera descontrolada ha sido identificada como una de las causas principales de la dramática disminución de la fauna silvestre en la selva, ya que los madereros se abastecen de carne de los animales de la selva, y suelen cazar también para complementar sus ingresos con la venta de la carne de monte y de cueros. La extracción forestal mecanizada, en todo caso, es la que se lleva la palma, porque altera gravemente el hábitat al destruir hasta un 10-30% del vuelo forestal cuando se aprovecha 5-20m³/ha (lo que ocurre si se tala una amplia gama de maderas duras), y colmata y contamina cabeceras de quebradas vitales para la reproducción del pescado. La disminución de la fauna silvestre y del pescado está provocando, a su vez, un incremento inusitado de la desnutrición infantil entre las comunidades indígenas y campesinas, llegando en algunos casos a afectar a más del 60% de los niños en edad escolar.
Otra razón más para acabar de una vez por todas con la lacra de los narcomadereros.
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